El Supremo anula el registro estatal de alquileres turísticos, pero mantiene la ventanilla digital
El Supremo anula el registro estatal de alquileres de corta duración, pero mantiene la ventanilla digital y los registros autonómicos.
El Tribunal Supremo ha anulado varios preceptos del Registro Único de Arrendamientos creado por el Real Decreto 1312/2024, de 23 de diciembre, al considerar que el Estado no tenía competencia suficiente para aprobar su regulación detallada. La sentencia, dictada el 19 de mayo de 2026, resuelve parcialmente el recurso presentado por la Generalitat Valenciana.
El registro obligaba a los propietarios a presentar ante el Registro de la Propiedad o el Registro de Bienes Muebles los títulos habilitantes, licencias, comunicaciones previas o declaraciones responsables necesarios para destinar un inmueble al alquiler de corta duración. Tras la calificación favorable, se asignaba un número de registro imprescindible para anunciar la vivienda en plataformas digitales.
La Sala Tercera del Supremo ha anulado, entre otros, los artículos 5, 8, 9 y 10 del real decreto, relativos al Registro Único de Arrendamientos. El tribunal considera que esta regulación estatal no queda amparada por los títulos competenciales invocados por el Gobierno.
En cambio, la sentencia mantiene la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos. El Supremo entiende que la coordinación entre administraciones, el intercambio de datos de las plataformas y las obligaciones con fines estadísticos sí encajan en las competencias estatales sobre planificación económica y estadística para fines estatales.
La decisión no elimina los registros autonómicos de alojamientos turísticos, que ya existían en muchas comunidades y siguen vigentes. Para los propietarios y plataformas de las Islas Baleares, también para quienes operen en Palma, el reto será coordinar esos registros con la ventanilla estatal y cumplir las exigencias europeas de transparencia y recopilación de datos, sin duplicidades administrativas.
El análisis critica que el Supremo haya centrado el debate en el reparto de competencias y no en la posible vulneración de la Ley de Garantía de Unidad de Mercado planteada por la Generalitat Valenciana. El texto defiende una aplicación normativa más sencilla y con menos cargas burocráticas para la actividad económica.
Información elaborada a partir de Menorca · Es Diari.