El Supremo obliga a la Junta de Andalucía a recuperar las vías pecuarias ocupadas ilegalmente

El Tribunal Supremo ha establecido que las administraciones autonómicas tienen la obligación de recuperar las vías pecuarias usurpadas, ocupadas o cerradas ilegalmente, una resolución que puede servir de precedente para que miles de caminos públicos vuelvan al uso común en toda España. La sentencia da la razón a la asociación La Plazoleta-Ecologistas en Acción en Rota (Cádiz), que reclamaba la recuperación de terrenos ocupados por agricultores en la Colada de los Charcos, la Colada de Cebollares y la Colada de Cobalengo.

Según explicó a Efe Juan García, miembro de la asociación, llevaban años presentando escritos para que la Junta de Andalucía recuperara superficie que el deslinde reconocía como pública desde 2005 o 2006, sin que se hiciera nada, por lo que acabaron recurriendo a la vía judicial. En el caso de la Colada de Cebollares, la vía tiene una anchura de 37,5 metros, pero la ocupación ha dejado practicable apenas un carril por el que cabe un tractor.

La sentencia confirma el fallo previo del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Cádiz, ratificado antes por el TSJA y en octubre por el Supremo. El tribunal considera que iniciar y resolver los procedimientos de recuperación de oficio es una obligación de la administración competente y no una facultad discrecional, y que no puede justificar su inacción alegando falta de medios técnicos o materiales.

Por su parte, la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente asegura que ha iniciado 67 procedimientos administrativos en las coladas de Rota, de los que ya se han dictado 60 resoluciones, y sostiene que no ha esperado a una decisión judicial para actuar.

Manolo Trujillo, de la asociación A Desalambrar de Córdoba y de la Plataforma Ibérica de Caminos Públicos, explicó a Efe que se desconoce cuánta superficie está ocupada en España, aunque los casos son más abundantes en Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía. Andalucía cuenta con 32.772 kilómetros de vías pecuarias, con anchuras que van de los 20 metros de las veredas a los 75 de las cañadas. Más allá de su uso original para la trashumancia, los ecologistas destacan su papel como vías de comunicación entre fincas y pueblos y como espacios valiosos para la biodiversidad.

El texto original recoge también un estudio del Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles que subraya el valor económico y social creciente de estos caminos, vinculado al turismo rural, el senderismo y la bicicleta de montaña, una actividad que practican unos 7,5 millones de personas en España. La noticia añade que la reivindicación no ha sido fácil: el ecologista Juan Clavero fue detenido por narcotráfico en 2017 mientras participaba en una protesta por un camino cortado en el Parque Natural Sierra de Grazalema, un caso en el que la sentencia consideró probado que un apoderado de la sociedad propietaria de la finca encargó introducir cocaína en su coche, y que condenó a ambos a un año de cárcel.

Aunque se trata de una noticia de ámbito andaluz y gaditano, su alcance es general, ya que la jurisprudencia podría aplicarse a otros caminos públicos de todo el país, incluidas las Illes Balears.

Información elaborada a partir de Diario de Mallorca.