El tope de precios por el accidente de Urda caduca el 10 de noviembre y los vuelos requieren el visto bueno de Bruselas

El Gobierno ha limitado inicialmente hasta el 10 de noviembre los precios de los transportes alternativos al tren y de determinados alojamientos afectados por el accidente ferroviario de Urda, que ha interrumpido la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. La medida, anunciada el martes por el hasta ahora ministro de Transportes, Óscar Puente, se formalizó en el real decreto-ley publicado este miércoles en el BOE.

La norma necesita además la autorización expresa de la Comisión Europea para aplicarse a las compañías aéreas, ya que las tarifas del transporte aéreo están reguladas por la legislación comunitaria. Hasta que Bruselas no dé ese visto bueno, el límite no se aplicará automáticamente a los billetes de avión.

El decreto establece que el plazo podrá prorrogarse mediante un nuevo acuerdo del Consejo de Ministros. Esta prórroga podría ser necesaria, ya que Renfe mantiene bloqueada la venta de billetes en el corredor de alta velocidad con Andalucía al menos hasta diciembre, mientras que Transportes calcula que la reconstrucción de la infraestructura podría completarse en unos diez días desde que la autoridad judicial autorice las obras.

Puente justificó la intervención por las fuertes subidas de precios registradas tras la suspensión de la alta velocidad: "Hemos visto incrementos de precios en las horas próximas o inmediatas al accidente, tremendos, y ahora, unos días después, vemos hasta precios que se han multiplicado por ocho y por nueve respecto a las fechas previas al accidente". El decreto no precisa cuándo podría comenzar a aplicarse el límite a las tarifas aéreas.

Como regla general, el precio máximo será el más elevado al que se haya ofrecido el mismo servicio durante los 30 días anteriores a la emergencia. Si ese máximo supera en más de un 50% el precio medio, el límite se fijará en ese promedio incrementado un 50%. Además, los consumidores tendrán derecho a la devolución automática de los importes cobrados por encima del límite, sin perjuicio de las sanciones a las empresas incumplidoras.

El mecanismo no se limita a este accidente: el Gobierno lo incorpora con carácter general al ordenamiento para futuras emergencias, aunque su activación dependerá de las condiciones y procedimientos previstos en la ley. Al tratarse de una noticia de ámbito provincial y nacional, su impacto en Palma dependerá de los viajeros que se desplacen desde Baleares hacia la península.

Información elaborada a partir de Diario de Ibiza.