El TSJ valenciano reconoce las secuelas psicológicas de la dana y concede una incapacidad absoluta

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha reconocido por primera vez en una sentencia reciente las secuelas de la dana del 29 de octubre de 2024 en la salud mental. El caso afecta a un maître de un hotel de Alfafar con antecedentes de problemas de salud, agravados tras sufrir las consecuencias de la riada. El fallo considera que su estado le impide desempeñar cualquier trabajo, incluso uno sencillo o que pueda hacer desde casa, y le reconoce una pensión del 100% sobre su base imponible.

Rubén Molina, socio de Molina Consultores Jurídico Laborales, que ha defendido al afectado frente al Instituto Nacional de la Seguridad Social, destaca que es una de las pocas veces en que «se equipara la enfermedad relacionada con la salud mental con una enfermedad física que, además, se agravó con las consecuencias de la dana», en una persona diagnosticada con agorafobia y trastornos de pánico.

Los hechos se remontan a 2021, cuando el trabajador inició un proceso de incapacidad temporal por trastorno de ansiedad. Tras agotar el periodo máximo, el INSS denegó en octubre de 2023 la incapacidad permanente, pese a un informe que describía trastorno de pánico y crisis de angustia con sintomatología cronificada. Ese mismo mes fue despedido y pasó a cobrar el desempleo. Según el relato recogido en la sentencia, desde enero de 2023 no salía solo de casa ni podía usar transporte público, había aumentado la dosis de ansiolíticos y presentaba ideación suicida, algo ya reflejado en un informe de los Servicios Sociales de la localidad de agosto de ese año.

Un profesional de la sanidad privada le diagnosticó después trastorno depresivo mayor recurrente y agorafobia con trastornos de pánico, con una evolución desfavorable agravada en el último año tras la dana. El juzgado de primera instancia ya le había reconocido una incapacidad permanente total para su profesión de maître, pero no la absoluta, que impide trabajar en cualquier oficio. El trabajador recurrió y el TSJCV le ha dado la razón.

La Sala sostiene que no basta con que una persona pueda realizar alguna tarea de forma aislada: debe ser capaz de mantener un horario, acudir al trabajo, relacionarse con otras personas y cumplir unos mínimos de rendimiento. Además, rechaza que la posibilidad de trabajar desde casa sea motivo suficiente para denegar la incapacidad absoluta.

La sentencia puede recurrirse ante el Tribunal Supremo para unificar doctrina en un plazo de diez días hábiles desde su notificación, por lo que, según el texto, todavía no es firme. Aunque el caso se sitúa en la provincia de Valencia, su alcance puede interesar a quienes en Palma tramiten bajas o incapacidades por motivos de salud mental.

Información elaborada a partir de Diario de Ibiza.