España vive su primera huelga general en 14 años, impulsada por el problema de la vivienda

España afronta este miércoles su primera gran huelga general en catorce años, convocada por los sindicatos de inquilinos y los sindicatos laborales con la vivienda como principal bandera. Es la primera movilización de este tipo desde el rechazo a la reforma laboral del PP, y llega a las puertas de unas elecciones generales y en un contexto en el que la economía española es una de las que más crece.

Durante estos años, el precio de la vivienda no ha dejado de subir, hasta dos y tres veces más que los salarios, lo que convierte la propiedad o no de un piso en uno de los principales factores de desigualdad del país. Según un reciente estudio de Fedea, la tasa de pobreza en España es del 19,3%, pero se elevaría hasta el 23,5% si se computa el coste inmobiliario.

Medir el seguimiento de la huelga será un reto, porque el indicador tradicional de la asistencia al centro de trabajo pierde fiabilidad con el teletrabajo, y el consumo energético tampoco sirve igual que antes. Se espera un seguimiento desigual en las empresas y una afluencia masiva a las manifestaciones previstas para la tarde. El transporte público se verá alterado, con servicios mínimos decretados por la Administración; en Cataluña, por ejemplo, serán del 25% en Rodalies, metro y bus de Barcelona, pero solo en horas punta.

El texto recuerda casos de personas vulnerables desahuciadas por la subida de los precios, como el de Olga, en L'Hospitalet, y el de Maricarmen, una jubilada de Madrid con una pensión de unos 1.350 euros que vivía en un barrio de clase media-alta. Según el recuento de CCOO y UGT, unos 4.500 comités de empresa se han adherido a la huelga, entre ellos los de grandes corporaciones como Seat, Airbus, Iberia, Zara o Glovo.

La convocatoria ha generado críticas. El candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido a las centrales que la desconvocaran y les ha advertido de que quedarán «ligadas al sanchismo». Algunos detractores la ven como un alineamiento de los sindicatos con los partidos del Gobierno de coalición y una protesta preventiva frente a un hipotético Gobierno de PP y Vox. Aun así, no se ha presentado ninguna denuncia ante los tribunales para cuestionar su legalidad, pese a que la CEOE llegó a plantear la posibilidad de impugnarla.

Aunque la huelga es de ámbito estatal y se centra en la vivienda en el conjunto de España, en Palma se trata de un problema muy presente por el peso del alquiler y la compra de inmuebles en la capital balear, por lo que esta jornada puede interesar a sus vecinos.

Información elaborada a partir de Diario de Ibiza.