Eurodiputados piden proteger el voto de los nacionalizados por la ley de nietos

Un grupo de 26 eurodiputados socialdemócratas, de la Izquierda y de los Verdes ha pedido a la Comisión Europea que interceda para proteger el derecho al voto de las personas nacionalizadas mediante la conocida como ley de nietos, antes de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

En una carta dirigida al comisario europeo de Justicia, Michael McGrath, los parlamentarios denuncian que la suspensión cautelar acordada por el Tribunal Supremo plantea dudas sobre los principios de proporcionalidad, igualdad y participación política, además de afectar a los valores democráticos, el Estado de derecho y los derechos fundamentales.

El Supremo suspendió el pasado septiembre el derecho a voto de los nacionalizados al amparo de esta norma, que permite obtener la nacionalidad española a descendientes de personas obligadas a exiliarse durante la dictadura. La decisión afectaría a miles de personas, según recoge la misiva.

Los eurodiputados sostienen que los afectados conservan plenamente la nacionalidad española, pero podrían quedar privados del derecho de sufragio reconocido en el artículo 23 de la Constitución. A su juicio, una restricción colectiva de esta magnitud requiere una justificación especialmente rigurosa y el perjuicio sería irreversible si las elecciones llegan a celebrarse sin su participación.

La medida, según los firmantes, no solo tendría consecuencias para las elecciones generales, sino también para las futuras elecciones al Parlamento Europeo, previstas para 2029. Por ello, reclaman a la Comisión que utilice, dentro de sus competencias, los instrumentos de la Unión para proteger el Estado de derecho y los derechos de los ciudadanos afectados.

La carta está firmada, entre otros, por la delegación del PSOE en el Parlamento Europeo, la eurodiputada de Sumar Estrella Galán, la candidata de Podemos Irene Montero y la representante de ERC Diana Riba, además de parlamentarios de Alemania, Bélgica, Finlandia, Francia e Italia. La cuestión tiene alcance estatal y europeo, aunque también puede interesar en Palma como capital balear por afectar a ciudadanos españoles y al ejercicio del derecho de voto.

Información elaborada a partir de Diario de Ibiza.