Familias reclaman a Sánchez compensaciones por bienes incautados durante el franquismo

Las familias afectadas por las incautaciones de bienes y dinero realizadas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista han pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que apruebe antes del final de la legislatura un real decreto-ley para compensar los casos ya acreditados. La convocatoria de elecciones para el 29 de noviembre amenaza con dejar paralizada esta reivindicación.

La Asociación de Perjudicados por la Incautación del Gobierno Franquista (APIGF), que representa a cientos de familias, ha enviado dos cartas a Sánchez en 24 horas. La entidad reclama que la Diputación Permanente pueda convalidar una norma que establezca un mecanismo de reparación mientras las Cortes estén disueltas.

La asociación denuncia que la auditoría de los bienes expoliados, prevista por la Ley de Memoria Democrática de 2022 y que debía concluir en 2023, aún no ha terminado. Sostiene, sin embargo, que muchos expedientes ya cuentan con justificantes originales, documentos notariales y declaraciones oficiales que reconocen la incautación y la cantidad de pesetas afectada.

“Estamos en tiempo de descuento”, advierte la presidenta de la APIGF, Laureana Cervera, quien reclama una solución antes de que termine la legislatura. La entidad considera que no debería ser necesario esperar a la auditoría global para resolver los casos cuya documentación ya ha sido acreditada.

Entre las personas que reclaman una respuesta figura Lidia Jiménez, nieta del expresidente catalán Lluís Companys, fusilado por el franquismo en 1940. Jiménez afirma que, cuatro años después de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática, la reparación continúa pendiente y pide al Gobierno “voluntad y valentía”. La reivindicación afecta a familias de distintos territorios y, por su alcance estatal, también forma parte del debate político que sigue con atención la ciudadanía de Palma y de Baleares.

Información elaborada a partir de Diario de Mallorca.