Huelga general del 11 de noviembre: qué derechos tienen los trabajadores sobre avisos, descuentos y teletrabajo
Huelga general del 11 de noviembre: si hay que avisar a la empresa, cuánto se descuenta de la nómina, servicios mínimos y cuándo se puede teletrabajar.
El miércoles 11 de noviembre está convocada una huelga general en España, el primer paro total de ámbito estatal en los últimos catorce años. Los sindicatos mayoritarios, varios sindicatos minoritarios y el movimiento de inquilinos han llamado a movilizarse para reclamar alquileres más bajos y salarios más altos, entre otras demandas. Una jornada de paro que alterará el funcionamiento de muchas empresas y que puede generar conflictos entre trabajadores y compañías.
Por norma general, ningún trabajador está obligado a informar a su empresa de si secundará o no la huelga. La dirección deberá organizar ese día sin saber con cuántos empleados contará, sea cual sea la función de cada persona, ya trate con el público o coordine a otros equipos.
La empresa tampoco puede obligar a nadie a acudir al puesto de trabajo durante la huelga, salvo que el empleado forme parte de los servicios mínimos. Estos los designa la administración y afectan con frecuencia a personal del sector público, como médicos, maestros, policías o bomberos, a quienes la dirección comunicará por carta su inclusión. En el sector privado, algunas actividades también tienen servicios mínimos, como determinados contratistas de transporte de la Administración, por ejemplo los autobuses interurbanos, o las aerolíneas, que se consideran servicio público. En cada territorio, la autoridad laboral fija esos servicios y, en el sector aéreo, la competencia corresponde al Ministerio de Transporte. Una empresa no puede fijar por sí misma sus servicios mínimos, por imprescindible que considere su actividad.
Quienes no formen parte de los servicios mínimos pueden secundar la huelga sin que la empresa les sancione: no puede ponerles falta de asistencia, retirarles un complemento salarial, apartarles de sus funciones, degradarles ni despedirles. En esos casos, el trabajador podría acudir a los tribunales para solicitar amparo, y las medidas serían calificadas como nulas, con obligación de indemnizarle.
Las afectaciones en la movilidad y los posibles piquetes pueden dificultar la llegada al puesto de trabajo. Para minimizar problemas, algunas compañías están pidiendo a sus plantillas que teletrabajen, pero la empresa no puede obligar a hacerlo, porque vulneraría el derecho a la huelga. Tampoco puede el empleado exigir teletrabajar, ya que este debe basarse en el acuerdo de ambas partes, ni la compañía puede suprimirlo de forma unilateral ese día para controlar quién hace huelga. Si el trabajador tiene reconocido el teletrabajo uno o varios días a la semana y ese día le corresponde, puede hacerlo como cualquier otro miércoles, salvo que la empresa alegue un motivo razonado para vetarlo.
Si un empleado no puede llegar a su puesto por la falta de transporte o por los piquetes, existe un permiso retribuido de hasta cuatro días, recogido en el artículo 37.3.g del Estatuto de los Trabajadores, que ya se ha aplicado en ocasiones anteriores, como ante cortes súbitos del servicio de Rodalies. El trabajador debe demostrar que no tenía otra forma razonable de llegar a la empresa.
Secundar la huelga tiene un coste económico. Ese día no se percibe el salario diario y, si las pagas extras no están prorrateadas, tampoco su parte proporcional. Según explican desde el Col·legi de Gestors Administratius de Catalunya, para calcularlo hay que dividir el salario bruto anual entre 360. Con un sueldo de 2.000 euros brutos al mes, es decir, 24.000 euros al año, la pérdida ascendería a unos 67 euros. Además, la empresa no cotiza por ese día, lo que tiene efectos limitados sobre la futura pensión y sobre las prestaciones por desempleo, y supone un ahorro de coste adicional para la compañía.
Información elaborada a partir de Diario de Ibiza.