La gasolinera de Manuel Azaña lleva a Cort a los tribunales por no desalojar la de Avingudes

La propiedad de la gasolinera de la calle Manuel Azaña ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento de Palma por no haber cerrado todavía la estación de servicio de la avenida Gabriel Alomar, competidora directa de su negocio. El escrito, presentado este miércoles ante la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Palma, impugna la «inactividad» de Cort, cuatro años después de que el propio Consistorio ordenara desalojar las gasolineras de Avingudes y la plaza Progrés.

El recurso se dirige contra la falta de ejecución del acuerdo de la Junta de Govern del 26 de octubre de 2022, que ordenaba recuperar los terrenos públicos ocupados por ambas instalaciones, explotadas por la misma propiedad. Según el texto, las dos estaciones siguen abiertas pese a tener sus concesiones caducadas desde 2008. La propiedad, representada por los abogados Mateo Juan y Roser Servera, de Buades Legal, ya había reclamado a Cort el desalojo mediante un escrito registrado el 27 de julio de 2026, sin que el Ayuntamiento respondiera ni ejecutara la resolución en el plazo legal de un mes.

La ofensiva judicial llega en un momento en que el equipo de gobierno municipal ha decidido cerrar finalmente ambas gasolineras, tras fracasar en su intento de encontrar una fórmula legal que permitiera mantener abierta durante unos años más la de Avingudes. El área de Govern Interior había estudiado conceder concesiones temporales de un año, pero los informes de Urbanismo descartaron esta opción. Cort prepara ahora la ejecución del desalojo, aunque aún no ha comunicado oficialmente la decisión a los afectados.

El procedimiento se remonta a octubre de 2022, cuando el Consistorio dio a las estaciones de Avingudes y Progrés ocho días para cesar su actividad. La orden no se ejecutó y, en 2023, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares rechazó suspender cautelarmente el desalojo. Mientras la estación de Progrés queda afectada por un plan aprobado de remodelación urbanística, en esta legislatura se propuso mantener temporalmente la de Gabriel Alomar por el servicio que presta a miles de conductores diarios; sobre esos terrenos solo está previsto el paso del futuro tranvía, un proyecto cuya ejecución podría demorarse años.

Las dos estaciones han abonado más de 700.000 euros en multas coercitivas durante los últimos tres años, sin que ello haya supuesto el cese de su actividad. El año pasado, la propiedad de Manuel Azaña acudió también a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, al considerarse víctima de competencia desleal. Según el texto, si el Ayuntamiento no responde a su demanda, acudirá a la Fiscalía Anticorrupción para denunciar una presunta prevaricación.

Información elaborada a partir de Diario de Mallorca.