La UCO registra la casa de Ábalos en Valencia en una nueva pieza secreta de la Audiencia Nacional

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han registrado este lunes el domicilio en Valencia del exministro José Luis Ábalos y han requerido documentación en la sede de Adif Alta Velocidad, en el marco de una operación vinculada a la trama Koldo. Según confirmaron a EL PERIÓDICO fuentes cercanas a la investigación, las actuaciones forman parte de una nueva pieza secreta abierta el pasado martes por el juez Ismael Moreno en la Audiencia Nacional.

Según una resolución a la que tuvo acceso la redacción del medio original, la pieza se abrió tras recibir un informe de la Unidad de Delincuencia Económica de la UCO, y los requerimientos guardarían relación con el contenido de ese documento. Fuentes de la defensa sostienen que se investigan presuntos delitos de blanqueo y critican que se trate de una investigación paralela sobre hechos ya enjuiciados, a la que atribuyen el propósito de "hacer más daño gratuito". La operación, en la que también participa la Fiscalía Anticorrupción, se desarrolla con el máximo secreto y entre las entidades requeridas habría algunas de carácter público.

Por el momento se han producido varias detenciones, y los registros y entradas ordenados por el juez se extienden también a Madrid y Córdoba. El magistrado investiga la denominada trama Koldo/Cerdán, sobre presuntos amaños de obra pública durante la etapa de Ábalos al frente de Transportes, así como los pagos en efectivo realizados por el PSOE en ese mismo periodo. Ábalos cumple desde finales de noviembre de 2025 la condena de 24 años de prisión impuesta por el Tribunal Supremo.

La investigación de la Audiencia Nacional se centra, por ahora, en cinco adjudicaciones de Adif por un valor que supera los 343,8 millones de euros, tres de ellas a Acciona o a esta compañía en UTE con otras empresas. Un informe de la Intervención General del Estado detecta reparos similares en tres de estas obras, entre ellas las relacionadas con la red ferroviaria murciana y con Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), y advierte de que los criterios determinantes de adjudicación fueron los juicios de valor sobre datos técnicos.

Por otro lado, la defensa del exministro ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, en el que expone ocho motivos para anular la condena del Supremo por las compras de mascarillas durante la pandemia y la contratación de mujeres de su confianza en empresas públicas. Como medida cautelar, reclama de forma urgente la suspensión de la ejecución de la pena de prisión mientras el tribunal valora el recurso.

Aunque se trata de una noticia de ámbito provincial y estatal, su interés para Palma es el de seguimiento de un caso político y judicial de alcance nacional, sin que el texto original aporte vinculaciones concretas con la ciudad.

Información elaborada a partir de Diario de Ibiza.