Las empresas de centros de datos piden retrasar el decreto del Gobierno
Las empresas de centros de datos piden que Bruselas examine el decreto español, lo que podría retrasar su aprobación tras el 29-N.
Las grandes empresas de centros de datos quieren que la Comisión Europea examine el real decreto que prepara el Gobierno con nuevas exigencias ambientales y de seguridad digital. La tramitación comunitaria podría retrasar su aprobación más allá de las elecciones del 29 de noviembre.
Spain DC, la patronal del sector que agrupa a compañías como Amazon, Google y Microsoft, reclama que el texto pase por Bruselas. Las empresas consideran imposibles de cumplir algunas condiciones ambientales, especialmente la obligación de consumir un 80% de electricidad procedente de nuevas plantas renovables durante todas las horas del día.
La petición se apoya en las dudas expresadas por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). En su informe, el organismo recomienda suavizar varios requisitos ambientales y advierte de que determinadas medidas de seguridad digital podrían requerir una notificación previa a la Comisión Europea.
El artículo 5 del borrador limita la operación de los nuevos centros de datos a empresas establecidas en la Unión Europea, exige que los datos, metadatos y registros permanezcan en territorio comunitario y plantea controles sobre los accesos desde terceros países. Los centros que gestionen información de las administraciones públicas o relacionada con la seguridad nacional no podrán facilitarla a entidades de países ajenos a la UE.
La Comisión Europea explica que, si se aplica el procedimiento previsto en la directiva 2015/1535, se abre un periodo de espera de tres meses desde la notificación. Un informe motivado de la Comisión o de otro Estado miembro podría añadir entre tres y cuatro meses, mientras que la previsión de una normativa armonizada europea permitiría bloquear el proyecto entre 12 y 18 meses.
El Gobierno de Pedro Sánchez mantiene su intención de acelerar la aprobación antes de los comicios. Un eventual cambio político tras las elecciones podría dejar paralizada la regulación. La cuestión afecta al conjunto del sector tecnológico y empresarial de España, también desde Palma como capital de Illes Balears, aunque el texto no recoge medidas específicas para la isla.
Información elaborada a partir de Diario de Mallorca.