Las familias de bienes incautados por el franquismo piden una reparación urgente

Las familias afectadas por las incautaciones de bienes y dinero durante la Guerra Civil y la dictadura han reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que apruebe antes del final de la legislatura un real decreto-ley para compensar los casos ya acreditados. El adelanto electoral al 29 de noviembre paraliza las tramitaciones legislativas en curso y deja esta reparación pendiente de las nuevas mayorías y del próximo Ejecutivo.

La Asociación de Perjudicados por la Incautación del Gobierno Franquista (APIGF), que representa a cientos de familias, ha enviado dos cartas a Sánchez en 24 horas. La entidad plantea que el decreto pueda ser convalidado por la Diputación Permanente del Congreso, como se ha hecho con las dos normas de vivienda, y teme que un eventual Gobierno del PP y Vox paralice los avances logrados.

La asociación denuncia que la auditoría de los bienes expoliados, prevista por la Ley de Memoria Democrática de 2022 y que debía finalizar en 2023, todavía no ha concluido. Sin embargo, sostiene que muchos expedientes ya cuentan con justificantes de las entregas, documentos notariales y una declaración oficial de reconocimiento de reparación personal que identifica las pesetas incautadas.

La presidenta de la APIGF, Laureana Cervera, considera que esos casos no deberían esperar a la auditoría global. “Estamos en tiempo de descuento”, advierte, y reclama una solución antes de que termine la legislatura. La asociación recuerda que la ley incluye entre los bienes objeto de investigación el papel moneda republicano y que ya se han restituido obras de arte incautadas durante el franquismo.

Entre las personas que piden una respuesta figura Lidia Jiménez, nieta del expresidente catalán Lluís Companys, fusilado en 1940. Jiménez lamenta que, cuatro años después de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática, la reparación siga pendiente y reclama al Gobierno “voluntad y valentía”. La cuestión afecta al conjunto de las familias reclamantes y también forma parte del debate sobre memoria democrática seguido en Baleares y desde Palma.

Información elaborada a partir de Diario de Ibiza.