Las tecnológicas piden revisar en Bruselas las nuevas reglas para centros de datos
Las tecnológicas piden que Bruselas revise el decreto español sobre centros de datos para retrasar su aprobación más allá del 29 de noviembre.
Las grandes empresas tecnológicas quieren que la Comisión Europea revise el real decreto que prepara el Gobierno para imponer nuevos requisitos ambientales y de seguridad digital a los centros de datos. La petición podría retrasar su aprobación, prevista por el Ejecutivo antes de las elecciones del 29 de noviembre.
Spain DC, la patronal que agrupa a promotores de centros de datos como Amazon, Google y Microsoft, cuestiona especialmente la obligación de que estas instalaciones consuman un 80% de electricidad procedente de nuevas plantas renovables durante todas las horas del día. El sector considera que esta condición es imposible de cumplir.
La asociación se apoya en las dudas expresadas por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), cuyo informe reclama suavizar varios requisitos ambientales y apunta a la conveniencia de informar a Bruselas sobre el contenido del decreto.
El artículo 5 del borrador establece que los operadores de los nuevos centros de datos deberán ser empresas establecidas en la Unión Europea, mantener dentro del territorio comunitario los datos, metadatos y registros tratados en sus operaciones y controlar los accesos desde terceros países. Las instalaciones que gestionen información de las administraciones públicas o relacionada con la seguridad nacional no podrán facilitarla a entidades de fuera de la UE.
La CNMC advierte de que algunas disposiciones podrían requerir una notificación conforme al procedimiento comunitario 2015/1535. Tras esa notificación se abriría un periodo de statu quo de tres meses, durante el cual no podría aprobarse la norma. Si la Comisión Europea o algún Estado miembro presentara un informe motivado, el trámite podría prolongarse otros tres o cuatro meses; además, Bruselas podría bloquear el proyecto entre 12 y 18 meses si estuviera prevista una regulación armonizada europea.
Las empresas pretenden utilizar esos plazos para evitar la entrada en vigor inmediata de las nuevas exigencias y llevar su aprobación más allá de los comicios. El Gobierno de Pedro Sánchez ha confirmado su intención de acelerar la tramitación, mientras que un eventual cambio político tras las elecciones podría dejar la regulación paralizada. La cuestión afecta al conjunto de las Illes Balears y se publica en Palma por su condición de capital autonómica, aunque el texto no recoge medidas específicas para la ciudad.
Información elaborada a partir de Diario de Ibiza.