Le Senne irá a juicio por presunto delito de odio y la Fiscalía se querella contra Bestard por coches oficiales

Los dos principales cargos institucionales de Vox en Baleares afrontan procedimientos judiciales. Gabriel Le Senne, presidente del Parlament, será juzgado por un presunto delito de odio entre el 25 y el 29 de octubre de 2027, según fijó la Audiencia de Palma durante la audiencia preliminar celebrada el 28 de octubre. Pedro Bestard, vicepresidente segundo del Consell de Mallorca, es objeto de una querella de la Fiscalía por un posible delito de malversación relacionado con el uso de coches oficiales.

El caso de Le Senne se remonta al 18 de junio de 2024, durante el debate sobre la derogación de la Ley de Memoria Democrática. Según el texto, el presidente del Parlament arrancó y rasgó una fotografía de Aurora Picornell y de las hermanas Antònia y Maria Pascual, asesinadas por el franquismo, que la socialista Mercedes Garrido llevaba adherida a su ordenador. Le Senne sostiene que la rotura fue accidental y que actuó conforme al reglamento parlamentario. Las acusaciones particulares y populares consideran que el gesto atentó contra la dignidad de las víctimas, mientras que la Fiscalía pide la absolución por no apreciar elementos suficientes para un delito de odio.

La querella contra Bestard, fechada el 21 de octubre, nace de una denuncia del PSIB sobre el supuesto empleo de vehículos públicos para desplazamientos particulares. Los informes encargados por el propio Consell concluyeron que Bestard disponía de forma exclusiva de tres coches oficiales sin una asignación formal que lo justificara, y los técnicos calificaron la práctica de inapropiada, aunque no pudieron determinar que hubiera existido un uso indebido. Bestard niega haber usado los vehículos para asuntos particulares y sostiene que todos los desplazamientos respondían a su actividad institucional.

Para Palma, la cuestión tiene un peso directo, ya que el Consell de Mallorca gestiona la isla desde la sede de la capital y el caso afecta a la gobernanza de la institución insular. El gobierno de Llorenç Galmés había descartado medidas administrativas y optó por regular el servicio mediante una instrucción interna, pero la decisión de la Fiscalía lleva ahora el asunto a la vía penal y coloca al PP ante las consecuencias de un procedimiento que afecta a uno de sus socios de gobierno.

De momento, ninguno de los dos ha sido condenado por estos hechos. La Justicia deberá determinar el recorrido de ambos procedimientos, y según MÉS per Mallorca, la querella también plantea consultar al Consell si quiere reclamar una indemnización por un eventual perjuicio económico.

Información elaborada a partir de Diario de Ibiza.