Merlin calcula 863 millones de sobrecoste por el decreto de centros de datos y prepara acciones judiciales

Merlin Properties ha cifrado en 863 millones de euros el sobrecoste que supondría para su plan de inversión en centros de datos la aprobación del real decreto que prepara el Gobierno para regular el consumo eléctrico de estas instalaciones. La socimi calcula que podría recuperar alrededor del 35% de ese desembolso mediante la venta de energía y otras operaciones, por lo que estima en 553 millones los costes irrecuperables. La compañía anuncia que combatirá la normativa en los tribunales y reclamará al Estado los perjuicios económicos que le cause.

Así lo explicó su consejero delegado, Ismael Clemente, durante una reunión con analistas. Clemente advirtió de que Merlin dejará de desarrollar nuevos centros de datos en España y trasladará sus futuras inversiones a Portugal si la regulación se mantiene. "No es un capricho. Nos vemos obligados a hacerlo porque existe una diferencia de rentabilidad muy significativa a favor de Portugal", señaló.

La decisión depende de que el Gobierno apruebe definitivamente el decreto, de que no se produzca un cambio político que permita derogarlo y de que la compañía no logre paralizar su aplicación mediante medidas cautelares del Tribunal Supremo o una intervención de las instituciones europeas. Clemente insistió en que Merlin mantendrá sus compromisos de inversión actuales, aunque considera que con las nuevas condiciones resultará más atractivo desarrollar proyectos en otros países europeos.

El impacto del decreto equivale a alrededor del 11% de la inversión total prevista en el programa de centros de datos. La compañía calcula que el coste no recuperable supondría aproximadamente el 7% de la inversión, lo que se traduciría en una reducción equivalente de la rentabilidad. No obstante, Clemente reconoce que el encarecimiento podría alcanzar entre el 20% y el 30%. "Preferimos prepararnos para el peor escenario", explicó.

El principal motivo del sobrecoste es la obligación de cubrir el 80% del consumo eléctrico con energías renovables con correlación horaria, lo que exigiría inversiones adicionales en sistemas de almacenamiento con baterías. La compañía también cuestiona el mecanismo de desconexión previsto, que podría obligar a los centros de datos a usar sus generadores de emergencia sin preaviso ni compensación. Entre los proyectos afectados figura Arasur, en el País Vasco, cuya obra civil ya está terminada.

Merlin ha revisado además su programa de desarrollo, cuya capacidad prevista baja de 724 a 704 megavatios, y ha suspendido temporalmente las fases cuatro y cinco de Arasur por dudas sobre el suministro eléctrico. Pese a todo, la empresa considera probable que el Gobierno apruebe la normativa en las próximas semanas.

Información elaborada a partir de Diario de Ibiza.