MÉS per Mallorca denunciará ante la Fiscalía el desalojo de la acampada por la vivienda en Palma

MÉS per Mallorca presentará una denuncia ante la Fiscalía de les Illes Balears por el desalojo de la Acampada por la Vivienda de la plaza de España, ejecutado por la Policía Local de Palma el pasado 4 de noviembre. La formación considera que la actuación del gobierno municipal del PP, encabezado por Jaime Martínez, podría haber vulnerado el derecho fundamental de reunión y reclama que se investigue si el Ayuntamiento actuó al margen de sus competencias para poner fin a una protesta pacífica.

El coordinador general de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha señalado que los hechos podrían constituir delitos contra el derecho de reunión, coacciones, vulneración de derechos cívicos y prevaricación administrativa. Apesteguia ha afirmado: «Ningún alcalde está por encima de la ley. No podemos permitir que un ayuntamiento utilice la Policía Local para impedir el ejercicio de un derecho fundamental. Queremos saber quién ordenó esta actuación y si se cometieron delitos».

La denuncia pide identificar a los responsables del operativo y aclarar qué cobertura jurídica tuvo la actuación policial y si se ordenó expresamente para impedir que continuara la concentración. MÉS solicita recuperar el expediente municipal, las comunicaciones entre el Ayuntamiento y la Delegación del Gobierno y las órdenes policiales, así como preservar de forma urgente las grabaciones y los registros de la actuación.

El candidato de MÉS por Palma a la alcaldía, David Pujol, ha advertido de que, si se confirma que Martínez utilizó la Policía Local para impedir una protesta legítima, el alcalde deberá responder por sus decisiones. Según la formación, la acampada, instalada en la plaza de España desde el 28 de septiembre, había sido comunicada a la Delegación del Gobierno, autoridad competente en materia del derecho de reunión, y no consta ninguna resolución de disolución dictada por esta institución. Los participantes aseguran que tampoco recibieron notificación previa del desalojo.

Apesteguia ha defendido que «una ordenanza municipal no puede sustituir las garantías constitucionales» y que la Fiscalía debe aclarar si se usó una competencia municipal para ejecutar una disolución encubierta. Por su parte, Pujol ha acusado a Martínez de ponerse «al lado de los especuladores» y de actuar contra las personas que reclaman una vivienda digna: «Pueden retirar las tiendas, pero no harán desaparecer el problema. La vivienda es un derecho, no un privilegio».

Información elaborada a partir de Ara Balears.