Spain DC cuestiona la legalidad del decreto para los centros de datos

Spain DC, la patronal que agrupa a promotores de centros de datos como Amazon, Google y Microsoft, prepara sus alegaciones ante el Consejo de Estado contra el real decreto que el Gobierno ultima para imponer nuevas exigencias ambientales y de seguridad digital a estas instalaciones.

La asociación sostiene que el Ejecutivo no puede utilizar un decreto, que tiene rango reglamentario, para establecer una regulación integral del sector y un régimen sancionador que podría llegar a provocar la pérdida del derecho de acceso a la red eléctrica. También cuestiona la proporcionalidad de las medidas, su posible aplicación retroactiva a proyectos en tramitación y el trato específico a los centros de datos frente a otras industrias.

La patronal pretende ampliar así su estrategia contra la norma, después del informe crítico de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). El organismo ha pedido flexibilizar las obligaciones sobre consumo de electricidad y agua y ha advertido de que algunos proyectos podrían “retrasarse, redimensionarse, desplazarse territorialmente o no llegar a materializarse en los términos inicialmente previstos”.

Spain DC afirma que esas advertencias refuerzan la necesidad de revisar el borrador antes de su aprobación, que el Gobierno quiere sacar adelante antes de las elecciones del 29 de noviembre. La patronal calcula que el sector preveía inversiones de unos 67.000 millones de euros hasta 2030 y sostiene que las nuevas exigencias ponen en riesgo entre el 80% y el 90% de esa cantidad.

Entre las medidas más discutidas figura la obligación de que los nuevos centros consuman electricidad procedente de nuevas plantas renovables en un 80% durante todas las horas del día. Las empresas consideran que esta condición es difícil de cumplir y anticipan una batalla legal, además de posibles reclamaciones a España por las inversiones ya realizadas en proyectos que quedarían inviables.

En paralelo, Spain DC quiere que la Comisión Europea examine el contenido del decreto. La CNMC ha planteado que Bruselas sea informada porque algunas medidas, como las relativas a la permanencia de los datos en territorio europeo y al acceso desde terceros países, podrían afectar a la libre prestación de servicios digitales. Si la Comisión tuviera que estudiar la norma, dispondría de tres meses para pronunciarse, ampliables otros tres si plantea objeciones algún Estado miembro.

La noticia afecta al conjunto de las inversiones y la regulación de los centros de datos en España, también relevante para Palma como capital balear, aunque el texto no concreta proyectos ni efectos específicos en la ciudad o en la isla.

Información elaborada a partir de Diario de Ibiza.