Un herido grave reaviva la historia de 16 años de conflictos en Casa Lola

Un hombre de nacionalidad paraguaya, de 48 años, resultó herido grave este domingo por la mañana en un incendio ocurrido en una infravivienda del asentamiento instalado en los terrenos de Casa Lola, en Ibiza. Con quemaduras en el 90% del cuerpo, fue ingresado en la UCI del Hospital Can Misses.

El origen del conflicto se remonta a 2010, cuando el Ayuntamiento de Sant Josep detectó obras sin licencia en esta finca de Davall sa Serra, en la parroquia de es Cubells. En 2011 se dictó la primera orden de demolición, pero el complejo turístico siguió creciendo y funcionando pese a los expedientes, los recursos, las denuncias vecinales por ruidos y las fiestas ilegales.

En 2022, tras obtener autorización judicial, el Consistorio ejecutó el derribo con la presencia de técnicos municipales, 25 guardias civiles, seis policías locales y operarios. La actuación afectó finalmente a 9.326 metros cuadrados de construcciones y elementos ilegales. Durante la entrada fueron desalojados unos 60 turistas y se localizaron nuevas edificaciones, una discoteca insonorizada, una pérgola y otra piscina que quedaron fuera de aquel procedimiento.

El conflicto continuó después de la demolición. En 2023 se abrió otro expediente por obras posteriores o no incluidas en el primer derribo, entre ellas una construcción de más de 500 metros cuadrados. El procedimiento caducó en febrero de 2025 y Sant Josep tuvo que reiniciarlo. Además, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares confirmó el pasado marzo la legalidad de la ejecución subsidiaria y condenó a la empresa de la propietaria a pagar 498.807 euros.

La finca acoge ahora caravanas, tiendas de campaña e infraviviendas, una situación que los vecinos relacionan con problemas de inseguridad y conexiones irregulares a los suministros. La propietaria, Francisca Sánchez Ordóñez, conocida como Paquita Marsan, fue condenada en 2024 por delitos contra la ordenación del territorio y desobediencia. Su defensa sostiene que es la principal perjudicada por la ocupación y que presentó una denuncia penal para recuperar la posesión del terreno.

El caso, localizado en Ibiza pero de interés para el conjunto de Baleares y seguido desde Palma, acumula órdenes de demolición, sanciones, condenas, intervenciones policiales y nuevos expedientes urbanísticos desde hace más de 16 años.

Información elaborada a partir de Diario de Ibiza.