Un juzgado de Palma investiga a la cúpula de PortsIB por irregularidades en los campos de boyas

Un juzgado de Palma investiga a la cúpula de PortsIB por presuntas irregularidades en la gestión de los campos de boyas ecológicas durante el pasado verano. La causa parte de una querella presentada por la Fiscalía en julio, tras una denuncia de la Asociación de Navegantes del Mediterráneo (ADN Mediterráneo), contra cuatro responsables del ente público por posibles delitos de malversación, fraude a la Administración, desobediencia y prevaricación. El juzgado ha abierto diligencias previas y ha citado a declarar a las personas investigadas, que han defendido que la gestión de los campos de boyas se llevó a cabo de acuerdo con la legalidad.

Los denunciantes, personados en la causa como acusación particular, señalan al gerente de PortsIB, Francisco José Villalonga; al director general de Puertos, Antoni Mercant, y a dos técnicos del organismo. Les acusan de haber impulsado la instalación de nuevos campos de boyas ecológicas pese a que la licitación correspondiente estaba suspendida.

El conflicto gira en torno a un contrato público valorado en más de 5,8 millones de euros, que ADN Mediterráneo, junto con otras asociaciones y patronales, ha recurrido reiteradamente. Según la entidad denunciante, PortsIB habría continuado la tramitación administrativa a pesar de que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales había suspendido la licitación, y también habría modificado y prorrogado el procedimiento mientras se mantenía dicha suspensión.

La denuncia también se centra en la formalización de un contrato menor para montar los campos de fondeo de la bahía de Fornells y de la isla d'en Colom, en Menorca, instalaciones incluidas en la licitación suspendida. Para ADN Mediterráneo, esta vía podría haber supuesto un fraccionamiento artificial de los contratos para evitar los procedimientos ordinarios de contratación pública.

PortsIB ha defendido que la instalación de los campos de boyas respondía a la necesidad de proteger la posidonia y ordenar el fondeo de las embarcaciones. La asociación denunciante, en cambio, considera que este argumento no justifica las actuaciones, recuerda que el fondeo sobre esta planta marina ya está prohibido y que los campos de boyas solo se utilizan durante la temporada de verano, entre junio y septiembre. La entidad sostiene que la maniobra no respondería al interés general ni a la protección ambiental, sino a una finalidad "puramente recaudatoria".

Estas afirmaciones forman parte de las acusaciones que se investigan judicialmente y, por ahora, no implican que se hayan acreditado irregularidades ni responsabilidades penales de los investigados.

Información elaborada a partir de Ara Balears.