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Canarias acelera la reforma de la ley que regula su sector público

Canarias tramitará por vía urgente la reforma de la ley que regula su sector público y acelerará su remisión al Parlamento.

Redacción · Las Palmas de Gran Canaria 2 min de lectura

El Gobierno de Canarias ha acordado tramitar por la vía urgente el anteproyecto de Ley del Sector Público de la Comunidad Autónoma, con el objetivo de acortar los plazos de elaboración y aprobación y remitirlo antes al Parlamento.

La iniciativa fue acordada por el Consejo de Gobierno en diciembre de 2024 y ya cuenta con un texto articulado y una memoria justificativa. Los trabajos han sido desarrollados por una comisión específica con la participación de profesionales del sector público y representantes de distintos departamentos del Ejecutivo autonómico.

La tramitación corresponde a la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, a través de la Viceconsejería de Administraciones y Transparencia. La futura norma busca actualizar el marco jurídico del sector público institucional de Canarias y mejorar la eficiencia de la actuación administrativa.

El anteproyecto plantea garantizar la simplificación administrativa, definir el régimen jurídico de las entidades del sector público autonómico, regular las relaciones entre administraciones y establecer un marco para la planificación. También contempla un sistema de evaluación de las políticas públicas para analizar las actuaciones del Ejecutivo y reforzar la rendición de cuentas.

La propuesta vincula además la regulación con la transformación tecnológica de la Administración autonómica, incluyendo la capacitación digital del personal, el gobierno del dato y el uso de la inteligencia artificial en el sector público.

El Gobierno considera necesario sustituir un régimen normativo basado en la Ley 14/1990, afectado por reformas posteriores y por nuevas normas sobre municipios y cabildos. La actualización también tiene en cuenta la evolución de la legislación estatal desde 2015 y las competencias asumidas tras la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias de 2018. La decisión afecta al conjunto de la comunidad autónoma y, por tanto, al marco administrativo en el que se gestionan los servicios públicos de Las Palmas de Gran Canaria.

Información elaborada a partir de La Provincia.

Fuente Elaborado por la redacción a partir de La Provincia · Ver original

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