Canarias protege a 28 bebés en agosto por situaciones de desamparo
Canarias protegió a 28 recién nacidos en agosto por situaciones de desamparo y reforzará el acogimiento familiar y la atención a la salud mental.
Un total de 28 recién nacidos entraron en agosto en el sistema de protección de Canarias tras detectarse indicadores de desprotección, una cifra que, según la directora general autonómica de Protección a la Infancia y las Familias, Sandra Rodríguez, «nunca se había dado». De ellos, tres fueron puestos bajo protección después de que sus madres renunciaran a su cuidado al nacer.
Rodríguez informó de estos datos ante la Comisión de Estudio sobre la pobreza infantil del Parlamento de Canarias. Ninguno de los bebés tuvo que ingresar en un recurso residencial, ya que todos pudieron ser atendidos por familias de acogida. La directora señaló que algunas madres proceden del propio sistema de protección o tienen problemas de salud mental, lo que ha llevado a revisar las actuaciones realizadas y las medidas necesarias para evitar que estas situaciones se repitan.
Canarias tiene actualmente 1.761 menores en situación de desamparo, de los que 995, el 56,5%, están en acogimiento familiar. El objetivo del Ejecutivo autonómico es elevar este porcentaje hasta el 70%, aunque Rodríguez recalcó que cada medida debe decidirse atendiendo al interés superior y a las circunstancias individuales de cada menor.
La Dirección General ha recuperado el control del banco de familias de acogida en familia ajena y ha creado un banco de familias de urgencia para evitar, salvo casos excepcionales, que los recién nacidos entren en centros residenciales. La responsable autonómica subrayó que ampliar este recurso exige captar familias y proporcionarles acompañamiento, formación y apoyo económico.
En 2025, unos 39.230 menores recibieron atención por situaciones de riesgo en Canarias y 10.500 fueron atendidos por el sistema de protección. Rodríguez vinculó la pobreza infantil con la vulnerabilidad de los hogares y reclamó medidas coordinadas en empleo, vivienda, educación, sanidad y rentas, además de actuaciones específicas de protección.
La directora general también defendió una red específica para atender la salud mental y las adicciones infantojuveniles. Aseguró que algunas familias llegan a renunciar a la guarda de sus hijos por falta de recursos y que una plaza privada de salud mental en la Península puede alcanzar los 6.000 euros mensuales. Asimismo, anunció 200 nuevas plazas para jóvenes en transición a la vida adulta y recordó que su departamento aporta siete millones de euros al año a los ayuntamientos para los equipos de atención a la infancia y las familias.
Información elaborada a partir de La Provincia.