Canarias convirtió 358 viviendas de Añaza en parque público para frenar desahucios
Canarias compró 358 VPO de Añaza por 24,89 millones en 2019 para evitar desahucios y ampliar el parque público de vivienda.
El Gobierno de Canarias compró en febrero de 2019, por 24,89 millones de euros, las 358 viviendas de protección oficial de dos promociones de Añaza amenazadas por desahucios y por una posible venta a un fondo de inversión. La operación, realizada a través de Visocan junto al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y el Cabildo de Tenerife, incorporó los inmuebles al parque público y permitió proteger a las familias residentes.
La adquisición se cerró con Luri 6, SAU, entidad vinculada al grupo Santander. Cada promoción contaba con 179 viviendas y el precio acordado quedó por debajo de la tasación de 28,5 millones de euros. Las viviendas eran VPO privadas en alquiler a diez años y algunos inquilinos ya habían recibido avisos de no renovación, procedimientos de desahucio o señalamientos de lanzamiento.
El caso ha recuperado actualidad tras el desahucio, el pasado 23 de septiembre, de Mari Carmen Abascal, una mujer de 87 años que había vivido durante más de siete décadas en su casa del distrito madrileño del Retiro. Su situación ha reabierto el debate sobre la protección de los inquilinos vulnerables y ha impulsado movilizaciones para reclamar medidas al Gobierno central.
La actuación de Añaza estuvo precedida por la presión de las administraciones sobre el Banco Santander. En octubre de 2018, el Cabildo de Tenerife anunció que retiraría 27 millones de euros depositados en la entidad y el Ayuntamiento de Santa Cruz planteó retirar otros dos millones, en plena negociación sobre el futuro de las viviendas.
El antecedente se suma a otro protocolo impulsado por Santa Cruz en 2012, después del caso de Carmen Omaña, desalojada de su vivienda tras no alcanzar un acuerdo con Bankia. El Ayuntamiento retiró entonces 1,5 millones de euros de la entidad y el conflicto terminó con un alquiler social. El Gobierno canario afirma que repetiría una operación como la de Añaza si se dan condiciones adecuadas y mantiene iniciativas para ampliar el parque público, entre ellas la adquisición de VPO para alquiler y el programa Rehabita Canarias.
La información afecta al conjunto de Canarias y, por su relevancia en materia de vivienda pública y protección frente a los desahucios, también interesa a los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria, aunque la operación descrita se desarrolló en Tenerife.
Información elaborada a partir de La Provincia.