El Gobierno acelera el decreto de vivienda ante la presión por el caso Maricarmen

El Gobierno negocia a contrarreloj para llevar el decreto de vivienda al próximo Consejo de Ministros con apoyos suficientes para superar su convalidación en el Congreso. La presión social generada por el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que llevaba 70 años residiendo en su vivienda, ha impulsado al Ejecutivo a buscar un acuerdo entre sus socios parlamentarios.

Sumar reclama al PSOE que apruebe el decreto el próximo martes y advierte de que, tras un año de negociaciones, "se acabó el tiempo". El Gobierno pretende aprobarlo "cuanto antes", aunque reconoce la complejidad de las mayorías y los vetos cruzados entre los partidos de la investidura.

Los socialistas han intensificado las conversaciones con Junts, que defiende medidas como las bonificaciones fiscales para los propietarios con el argumento de que contribuirían a movilizar vivienda. Estas propuestas generan rechazo entre otros socios progresistas. ERC ha criticado que el PSOE priorice el acuerdo con los posconvergentes y considera que la negociación "no empieza bien" y cuenta con "poco margen".

El Ministerio de Vivienda, dirigido por Isabel Rodríguez, trabaja en un texto de consenso basado en dos líneas: "regular el fraude y dar estabilidad a las personas que viven de alquiler" y "movilizar vivienda asequible". EH Bildu ha mostrado una actitud más conciliadora y admite que todos los grupos tendrán que asumir medidas que no satisfagan por completo sus aspiraciones.

Podemos, en cambio, califica de "maquillaje" las propuestas del Ejecutivo. Su líder, Ione Belarra, reclama la expropiación de los pisos pertenecientes a fondos, que cifra en unos 650.000 en toda España, para destinarlos al alquiler social. ERC también pretende recuperar sus propuestas para regular el alquiler de habitaciones y de temporada.

La negociación afecta al conjunto de España y tiene interés para los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria por el impacto que las futuras medidas estatales puedan tener en el acceso y la estabilidad del alquiler, aunque el texto no concreta actuaciones específicas para la capital grancanaria.

Información elaborada a partir de La Provincia.