El Gobierno busca apoyo para su decreto de vivienda entre tensiones parlamentarias

El Gobierno afronta este martes la aprobación en el Consejo de Ministros de un decreto de vivienda mientras intenta conciliar las exigencias de Sumar con las líneas rojas de Junts y el PNV. El objetivo es que el texto pueda superar después su convalidación en el Congreso, aunque anoche seguía sin convencer a sus socios de izquierda ni a los grupos nacionalistas.

La propuesta incluye incentivos fiscales para los propietarios que reduzcan los alquileres y una prórroga de dos años para los contratos que vayan a caducar. También plantea suspender hasta finales de 2028 los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, con compensaciones de la Administración cuando el arrendador sea una persona física o una entidad dedicada al alquiler habitual asequible o social.

Junts y el PNV han advertido de que no aceptarán que el peso de las medidas recaiga sobre los pequeños propietarios. Junts considera que el borrador puede dar por buenas las ocupaciones de viviendas de estos arrendadores, mientras que ERC lo juzga insuficiente. El PNV ha reclamado un acuerdo “aceptable para todos” para evitar más frustración entre la población.

Sumar y Podemos, por su parte, consideran insuficientes las propuestas socialistas y reclaman medidas más ambiciosas, entre ellas la ampliación de la protección frente a los desahucios. Podemos también ha defendido la expropiación forzosa a fondos para evitar lanzamientos. EH Bildu ha mostrado disposición a facilitar consensos, aunque ha pedido que se atiendan las demandas de los movimientos sociales.

La presión política y social ha aumentado tras el desahucio en Madrid de Maricarmen, una mujer de 87 años que permanece ingresada. Los partidos del arco progresista escenificaron este lunes su apoyo a las medidas del Sindicato de Inquilinas ante el hospital. Pedro Sánchez ha pedido dejar a un lado el “cálculo político”, mientras Moncloa busca un texto consensuado.

El decreto, que también contempla medidas contra la compra especulativa, la regulación de los alquileres de temporada y ayudas para adquirir la primera vivienda, llega en un momento en el que el acceso a la vivienda figura como el principal problema de los españoles según los barómetros del CIS. La decisión afecta al conjunto de España, también a los hogares de Las Palmas de Gran Canaria, aunque el texto no concreta medidas específicas para la capital grancanaria.

Información elaborada a partir de La Provincia.