La IA podría amortizar entre 150 y 200 plazas municipales en Las Palmas de Gran Canaria hacia 2036
Una estimación sitúa en 150-200 las plazas municipales amortizables en Las Palmas de Gran Canaria hacia 2036 por la IA en la administración.
Según una columna publicada en La Provincia, el concejal de Innovación de Arona, Luis Sierra, defiende que la Inteligencia Artificial se utilice como herramienta de apoyo a los funcionarios y no para sustituirlos. El autor del artículo advierte, sin embargo, de que esa elección no siempre estará en manos de las administraciones, porque la IA ya es útil para ganar eficacia, aligerar la carga administrativa y abaratar la gestión.
El texto recoge la estimación de algunos especialistas, con una base empírica todavía débil, según la cual en una década podrían desaparecer entre el 10% y el 15% de los funcionarios y empleados públicos. Aplicado al ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, esto supondría que hacia 2036 quedarían amortizadas entre 150 y 200 plazas, al asumir la IA las funciones que hoy desempeñan. La cifra sería ligeramente superior en el caso de Santa Cruz de Tenerife.
El artículo cita un estudio del Esade-Center for Economic Policy, dirigido por Jorge Galindo, titulado «El impacto de la IA en el sector público español». Según ese trabajo, dos tercios de los funcionarios tienen un potencial medio de uso de la IA (67%), un 9% tiene un potencial alto y un 24% un potencial bajo. Sus autores estiman una productividad del 9% para las administraciones del Estado en una década, lo que equivaldría a unos 7.000 millones de euros anuales de valor bruto adicional.
El autor reclama calcular cuánto aumentaría la productividad en las administraciones canarias y, a modo de referencia, sostiene que alcanzar ese 9% en Canarias supondría unos 500 millones de euros en una década, que deberían destinarse a fomentar la IA en los servicios públicos de sanidad y educación.
Entre los modelos de intervención que propone el informe están los concursos de innovación, las redes y plataformas de intercambio de buenas prácticas y los laboratorios con universidades. El texto menciona iniciativas ya en marcha en otras comunidades y reprocha a Canarias avanzar con demasiada lentitud, reclamando una política propia de IA integrada en la nueva ley de la administración autonómica, que corre el riesgo de no aprobarse en la legislatura actual.
Información elaborada a partir de La Provincia.