Los nuevos fármacos contra el alzhéimer siguen sin financiación pública en España
Sanidad no financia aún el lecanemab y el donanemab, tratamientos contra el alzhéimer que cuestan hasta 60.000 euros en clínicas privadas.
Entre 85.000 y 100.000 pacientes con alzhéimer en fase inicial podrían ser candidatos en España al lecanemab y el donanemab, dos fármacos que ralentizan la progresión de la enfermedad. Sin embargo, el Ministerio de Sanidad mantiene cerrada la negociación para financiarlos públicamente y, desde este verano, solo se puede acceder a ellos en clínicas privadas.
El tratamiento dura 18 meses y cuesta entre 50.000 y 60.000 euros, incluyendo el medicamento y las pruebas de control. El neurólogo Juan Fortea, director de la Unidad de Memoria del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, advierte de que finalmente serían muchos menos los pacientes candidatos, ya que deben cumplir criterios clínicos estrictos, como no tener más de una copia del gen APOE4 ni más de cuatro microhemorragias cerebrales.
Pacientes, especialistas y entidades como Ace Alzheimer Center Barcelona reclaman la financiación pública. La evidencia científica disponible indica que ambos medicamentos ralentizan el deterioro cognitivo en torno a un 30%. Fortea sostiene que financiar estos tratamientos puede ser más coste-efectivo que asumir los gastos indirectos de las fases avanzadas y de los cuidados, que recaen de forma desproporcionada en las mujeres.
El caso de Eduard Rodríguez, de 69 años y con alzhéimer inicial, refleja el impacto económico de la decisión. Su esposa, Montserrat Puig, asegura que no pueden asumir el coste del tratamiento pese a contar con dos pensiones. Rodríguez reclama a los políticos que actúen y compara la falta de acceso con negar quimioterapia a un paciente con cáncer.
El lecanemab y el donanemab son los primeros fármacos que modifican el curso del alzhéimer al dirigirse contra la proteína beta amiloide. Francia, Holanda y Escocia también han rechazado financiarlos, mientras que Inglaterra reevalúa su decisión y Alemania los administra en la sanidad pública con un sistema de negociación diferente.
La situación afecta al conjunto de España y, por tanto, también a los pacientes y familias de Las Palmas de Gran Canaria, aunque el caso expuesto procede de Barcelona. Los especialistas consultados alertan de que el acceso exclusivamente privado aumenta las desigualdades según la capacidad económica de cada familia.
Información elaborada a partir de La Provincia.