Óscar Puente podría percibir unos 136.800 euros brutos como indemnización tras su cese
El BOE regula la indemnización de Óscar Puente tras dejar Transportes: unos 136.800 euros brutos, con incompatibilidades con otras retribuciones.
La salida de Óscar Puente del Ministerio de Transportes no pone fin de inmediato a sus retribuciones públicas. Según la normativa publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), los exministros tienen derecho a una indemnización durante un periodo determinado tras abandonar el cargo, aunque también deben respetar incompatibilidades y obligaciones mientras la perciben. La compensación que podría corresponder a Puente asciende aproximadamente a 136.800 euros brutos.
Se trata de la indemnización por cese prevista para determinados altos cargos de la Administración General del Estado, una prestación temporal destinada a facilitar la transición tras dejar el Gobierno. El cese de Puente quedó formalizado el 4 de noviembre de 2026 mediante el Real Decreto 974/2026, y desde ese momento pasó a estar sujeto al régimen previsto en la Ley 3/2015, reguladora del ejercicio del alto cargo.
La compensación equivale al 80% de las retribuciones y tiene un límite máximo de dos años. Tomando como referencia el sueldo anual de un ministro en 2026, de 85.513,32 euros brutos, el importe rondaría los 5.701 euros al mes, lo que sumaría unos 136.821 euros brutos si se percibiera durante los 24 meses completos. Los expertos advierten de que se trata de una estimación y que la cantidad no se cobra de forma automática.
La principal condición que puede afectar a Puente es la incompatibilidad con otras actividades remuneradas. El artículo 7 de la Ley 3/2015 impide cobrar esta compensación al mismo tiempo que una retribución pública o privada, e incluye expresamente la actividad de los miembros electivos de las Cortes Generales. Por tanto, si opta por la indemnización, no podría mantener su actividad parlamentaria remunerada ni aceptar un empleo privado o público mientras la cobre. La legislación fija un plazo de 15 días hábiles para comunicar a la Oficina de Conflictos de Intereses la opción elegida.
Además, durante los dos años posteriores al cese existen restricciones para incorporarse al sector privado en determinadas empresas relacionadas con asuntos en los que hayan intervenido en el Gobierno, y deben someterse al control de esa Oficina. El texto concluye que Puente no tiene una cantidad asegurada por haber dimitido, aunque sí podría percibir una cifra considerable de una forma u otra.
Información elaborada a partir de La Provincia.