Un informe del Colegio de Economistas cuestiona la eficacia del REF en Canarias tras 30 años
Un informe del Colegio de Economistas de Las Palmas concluye que el REF no reduce las desventajas de Canarias tras 30 años de vigencia.
El Colegio de Economistas de Las Palmas ha elaborado un informe sobre los efectos del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias durante las últimas tres décadas, titulado «El impacto del REF actual tras más de tres décadas de vigencia en Canarias». Según el documento, la práctica totalidad de las variables analizadas arrojan un saldo negativo, y el REF no logra reducir las desventajas que supone para un territorio alejado del resto del Estado. El estudio fue presentado este jueves por el economista y director de la Cátedra del REF de la ULPGC, Salvador Miranda, y dirigido por la también economista Rosa Rodríguez.
Entre los datos destacados, el informe señala la pérdida de convergencia económica con el resto del país y la posición de Canarias en la cola de los parámetros de bienestar económico y social estudiados. Rodríguez subrayó que «Canarias es la comunidad que más convergencia pierde». Además, la renta salarial se sitúa un 14,9% por debajo de la media española y la productividad un 11% por debajo, según los datos recogidos en el análisis.
Sobre las herramientas fiscales, el secretario general de la Asociación Española de Asesores Fiscales, Orlando Luján, indicó que hoy solo el 14% de las empresas utiliza la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC), frente al 25% de antes. La Deducción por Inversiones (DIC) también se utiliza con menor intensidad. Los tres expertos coincidieron en atribuir parte de este declive a los encontronazos con la Administración Tributaria estatal y a la inseguridad jurídica que genera, algo que afecta especialmente a las pequeñas y medianas empresas.
El ahorro fiscal asociado a la RIC pasó de unos 2.000 millones de euros en 2006 a un mínimo de 300 millones durante la pandemia. Según Miranda, comparando el periodo 1999-2006 con los años posteriores hasta 2023, la pérdida de ayuda de Estado supera los 6.700 millones de euros en valores constantes, o 9.131,9 millones si se traslada a su impacto por habitante. Asimismo, el déficit inversor acumulado entre 2008 y 2023 alcanza los 57.652 millones de euros.
El informe concluye con la necesidad de crear una comisión técnica que evalúe periódicamente los resultados de las herramientas del REF y tenga capacidad para corregir sus disfunciones con rapidez. Entre sus conclusiones también figura la mejora de la rentabilidad de las empresas acogidas a los incentivos, sobre todo las productoras de bienes tangibles, aunque sin revertir la pérdida de tejido industrial ni reducir la dependencia económica del exterior. Luján recordó además la exclusión de los intangibles de los destinos de inversión incentivada desde 2018.
Información elaborada a partir de La Provincia.