Canarias incumple la protección estatal a quienes alertan de corrupción

Canarias figura entre las comunidades autónomas que no han creado su propia oficina de protección del informante ni han firmado el convenio necesario para que pueda actuar la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI), según informa El Día. La situación afecta a quienes denuncian posibles irregularidades en empresas y administraciones y puede dejarles sin respaldo institucional.

La AIPI, dirigida desde septiembre de 2025 por el catedrático Manuel Villoria, ha recibido más de mil denuncias durante su primer año de funcionamiento. De ellas, más de una treintena han dado lugar a medidas de protección y alrededor del 2% se han trasladado a la Fiscalía por posibles delitos. La oficina también ha abierto 16 expedientes y ya ha impuesto alguna sanción.

Villoria señala que, además de Canarias, Murcia, Baleares, La Rioja, Aragón, Extremadura y Cantabria no han cumplido con las previsiones de la ley aprobada en 2023. Ceuta y Melilla también aparecen en esta situación. Según el responsable de la AIPI, los requerimientos enviados a estos territorios no han obtenido respuesta o se han justificado los incumplimientos por su coste económico.

La ley obliga a empresas y administraciones a disponer de canales internos de información y contempla sanciones para quienes incumplan sus obligaciones o tomen represalias contra los informantes. Sin embargo, la falta de convenios impide a la autoridad estatal intervenir en algunos casos, como el de un policía que denunció irregularidades en Murcia.

La Fundación Hay Derecho reclama que la protección sea efectiva en todo el país. Su directora general, Safira Santos, advierte de que reconocer a una persona como protegida no es suficiente si no existen consecuencias para quienes vulneran esa protección. Varios informantes citados en la información aseguran que han sufrido presiones, acoso o represalias y algunos llegan a arrepentirse de haber denunciado.

Información elaborada a partir de El Día.