El Gobierno tramitará con urgencia las reglas sobre información previa al aborto
El Gobierno acelera el decreto que fijará la información previa al aborto y busca aprobarlo antes de las elecciones del 29 de noviembre.
El Consejo de Ministros ha autorizado este martes la tramitación urgente del proyecto de real decreto que regulará la información que debe recibir una mujer antes de abortar. El Gobierno pretende aprobarlo antes de las elecciones generales, convocadas para el 29 de noviembre, según fuentes del Ministerio de Igualdad.
La norma busca garantizar que todas las mujeres, también las residentes en Pontevedra y en el resto de Galicia, reciban una información «veraz, clara, objetiva, accesible y adecuada al régimen legal vigente», con independencia de la comunidad autónoma y del centro sanitario al que acudan.
La información obligatoria deberá incluir la naturaleza de la intervención, los métodos quirúrgico y farmacológico, los centros públicos y privados acreditados, los trámites y los derechos durante el proceso asistencial. El borrador establece que no podrá darse preferencia a un método sobre otro, salvo por las circunstancias clínicas de la paciente.
Cuando la interrupción se produzca después de las 14 semanas por causas médicas, se informará sobre los procedimientos posibles para que la mujer pueda elegir el más adecuado. También deberá recibir información sobre la naturaleza de la intervención, sus riesgos y sus consecuencias antes de prestar su consentimiento.
La anticoncepción, el sexo seguro, las ayudas públicas y los derechos laborales figurarán como información voluntaria, que solo se ofrecerá si la mujer la solicita y nunca será un requisito para acceder a la prestación. El texto reclama además que la información sea objetiva, comprensible y adaptada especialmente a menores de 16 años, extranjeras y mujeres con discapacidad.
El proyecto también introduce cambios en los comités clínicos que intervienen en abortos por causas médicas. Su composición deberá garantizar una presencia equilibrada de mujeres y hombres, y no podrán integrarlos quienes estén inscritos en el registro de objetores ni quienes lo hayan estado en los últimos tres años. La propuesta está relacionada con la polémica suscitada en 2025 por una iniciativa del Ayuntamiento de Madrid sobre el denominado «síndrome o trauma postaborto», que finalmente no se aplicó.
Información elaborada a partir de Faro de Vigo.