La ley gallega contra la violencia digital llega al Parlamento entre críticas

La Xunta ha llevado este martes al pleno del Parlamento gallego el proyecto de ley contra el acoso y la violencia digital, una norma que prevé borrar gratuitamente contenidos usados para acosar y facilitar asistencia jurídica sin exigir una denuncia previa.

La conselleira de Política Social, Igualdade e Xuventude, Fabiola García, defendió la necesidad de una respuesta específica ante una violencia «cada vez máis frecuente», especialmente entre mujeres, niñas y adolescentes. El proyecto también contempla medidas para menores, personas con discapacidad y miembros del colectivo LGTBI.

La iniciativa fija cuatro objetivos: establecer los principios de actuación de la Xunta, reforzar la prevención y la detección, formar al personal público y a las fuerzas de seguridad y articular medidas de protección y apoyo. También plantea incluir contenidos obligatorios de competencia digital en todas las etapas educativas no universitarias y crear un plan integral contra el acoso y el ciberacoso.

El BNG ha criticado la falta de objetivos, plazos, recursos, responsables y mecanismos de evaluación. Su diputado Daniel Castro calificó el texto de sucesión de «boas intencións» y reprochó al Gobierno gallego que use expresiones como «promoverá» o «fomentará». El partido reclama medidas específicas contra la violencia machista digital y el uso de inteligencia artificial para generar contenidos falsos o sexualizados.

El PSdeG ha presentado una enmienda a la totalidad y un texto alternativo. La diputada Paloma Castro considera insuficiente la perspectiva de género y pide medidas frente al acoso sexual, la difusión de imágenes íntimas, el control digital en las relaciones y la creación de imágenes sexualizadas mediante inteligencia artificial. También reclama más coordinación entre los CIM, los Centros de Crisis 24 Horas y el resto de servicios públicos, además de financiación para que los ayuntamientos asuman las nuevas responsabilidades.

El PPdeG ha rechazado las enmiendas y sostiene que la ley establece el marco que después deberán concretar los protocolos. La diputada Encarna Amigo ha defendido que el texto no diluye la perspectiva de género y ha avanzado que su grupo está dispuesto a negociar cambios, entre ellos una regulación del borrado de la huella digital cuando exista una resolución judicial o una medida cautelar. La iniciativa afecta al conjunto de Galicia, también a Pontevedra como capital provincial.

Información elaborada a partir de Faro de Vigo.