Galicia realiza el 99% de los abortos en la sanidad pública, según la Xunta

La Xunta de Galicia asegura que el 99% de las interrupciones voluntarias del embarazo realizadas en el primer semestre de este año se llevaron a cabo en la sanidad pública, frente al 95% registrado en el mismo periodo de 2025. Así lo defendió el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, en respuesta a una interpelación parlamentaria celebrada este lunes.

Según explicó Gómez Caamaño, todas las áreas sanitarias disponen de circuitos específicos para atender a las mujeres que solicitan una interrupción voluntaria del embarazo, y el proceso puede activarse tanto desde los centros de salud como desde los Centros de Orientación Familiar. El recorrido incluye una valoración clínica inicial, las pruebas hospitalarias necesarias, la intervención en la modalidad que corresponda y un seguimiento asistencial posterior.

El conselleiro subrayó que Galicia es una de las comunidades que más interrupciones cubre a través de la sanidad pública. Si por razones organizativas no fuera posible atender a una mujer en un centro público, o si la propia paciente solicitara ser atendida en un centro concertado, la prestación también queda garantizada por el Sergas, según indicó.

Desde la Consellería se defiende que el modelo gallego combina la prioridad de la atención en centros públicos con una garantía adicional para que ninguna circunstancia se convierta en un espectáculo para las mujeres. Gómez Caamaño afirmó que la Xunta respeta y seguirá respetando los derechos de las mujeres y la legislación vigente.

En cuanto al registro de profesionales objetores de conciencia, el conselleiro explicó que la Consellería trabaja en una orden que recogerá los requisitos legales y de protección de datos para su creación. Aseguró que la ausencia actual de este registro no compromete la prestación, ya que las áreas sanitarias conocen la disponibilidad de los profesionales y organizan la actividad en consecuencia.

Gómez Caamaño sostuvo que el modelo permite compatibilizar el derecho individual de los profesionales a la objeción de conciencia con el de las mujeres a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo dentro de los plazos legales. "El registro puede ser útil, pero el elemento determinante es comprobar que una mujer puede acceder a la atención que le corresponde", señaló.

Información elaborada a partir de Faro de Vigo.