La UE limita desde el domingo las promesas verdes y la obsolescencia programada
La directiva europea contra el greenwashing y la obsolescencia programada entra en vigor el 27 de septiembre con nuevas obligaciones.
La directiva europea 2024/825 sobre Empoderamiento de los Consumidores entra en vigor este domingo, 27 de septiembre, con nuevas exigencias para las empresas y mayor protección frente a la publicidad ambiental engañosa y la obsolescencia programada. La norma se aplicará también a los consumidores de Pontevedra.
Desde esa fecha, términos como «eco», «bio», «verde», «sostenible» o «respetuoso con el medio ambiente» no podrán utilizarse sin una justificación expresa, evidencias científicas y acreditación disponible para el consumidor en el mismo soporte: el etiquetado, la página web o la publicidad.
La directiva también restringe mensajes como «neutro en carbono» o «net zero» cuando se basen únicamente en la compra de créditos de carbono o en compensaciones de emisiones, sin una reducción demostrable relacionada con la fabricación, el transporte o el uso del producto. Además, los sellos ambientales creados por las propias empresas deberán contar con una certificación independiente acreditada o con el respaldo de un sistema autorizado por las autoridades públicas.
Las promesas de sostenibilidad a varios años vista tendrán que incluir un plan realista, objetivos intermedios medibles y verificaciones externas periódicas. Las empresas deberán informar asimismo sobre la obsolescencia temprana, las opciones de entrega más respetuosas con el medio ambiente, los servicios de reparación y posventa, y las actualizaciones de software que afecten al funcionamiento de los bienes digitales.
Los consumidores encontrarán avisos obligatorios sobre sus derechos legales en establecimientos físicos y plataformas de internet, además de una nueva etiqueta para los productos cuya garantía supere los dos años. Las autoridades podrán realizar inspecciones y auditorías y aplicar medidas como la retirada de distintivos, multas, supervisión continua o la exclusión temporal de licitaciones públicas. La norma contempla multas de al menos el 4% de los ingresos anuales de las empresas incumplidoras.
Información elaborada a partir de Faro de Vigo.