Sindicatos y oposición rechazan el control de la Xunta sobre las bajas docentes
Sindicatos y oposición critican el seguimiento anunciado por la Xunta de las casi 1.400 bajas docentes registradas al inicio del curso en Galicia.
El curso escolar comenzó en Galicia con casi 1.400 bajas docentes, una cifra cuyo seguimiento ha anunciado la Xunta. La medida ha provocado críticas de sindicatos y partidos de la oposición, que consideran que sitúa al profesorado «bajo sospecha» y cuestionan el enfoque del Ejecutivo autonómico.
El BNG acusó al PP de «perseguir» y «precarizar» al personal docente, y afirmó que en muchos casos las ausencias por enfermedad pueden estar relacionadas con el estrés laboral o con la situación de la sanidad pública. Los nacionalistas reclamaron además más medios para que los profesores puedan desarrollar su trabajo.
El PSdeG también alertó de una posible «criminalización» del colectivo. Desde CIG-Ensino, sindicato mayoritario de la enseñanza pública gallega, calificaron de «ataque» la posibilidad de sembrar dudas sobre bajas fraudulentas y vincularon la situación a la precariedad sanitaria, las condiciones laborales, los nuevos retos en las aulas y el aumento de la edad de jubilación.
CC OO Ensino rechazó igualmente que se ponga «bajo sospecha» a los docentes y consideró «desacertado» el planteamiento de la Xunta. El sindicato pidió que la Consellería detalle cuántos puestos cubiertos corresponden a incapacidades temporales y cuántos a permisos, excedencias, reducciones de jornada u otras situaciones administrativas.
La organización sí reconoció que el volumen de sustituciones es «muy elevado» y que existen dificultades para cubrirlas. Confía en que el nuevo sistema de llamamientos, previsto en principio para el próximo año, agilice la cobertura de vacantes. La polémica comenzó tras unas declaraciones del conselleiro de Educación sobre las bajas y fue respaldada este lunes por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien las calificó de «preocupantes» y defendió actuar con «contundencia» cuando no estén justificadas.
La controversia afecta al conjunto de Galicia y, por tanto, también al ámbito educativo de Pontevedra como capital provincial, aunque el texto no aporta datos específicos de centros o docentes de la ciudad.
Información elaborada a partir de Faro de Vigo.