La plataforma contra Limonero Solar busca fondos para recurrir el proyecto

La Asociación por Utiel-Requena Sostenible presentará el 16 de octubre una campaña de crowdfunding para financiar el equipo jurídico que defenderá ante los tribunales su oposición a la planta fotovoltaica Limonero Solar, proyectada en Requena. El acto será a las 19 horas en el Espacio Cultural Feliciano A. Yeves.

La iniciativa, denominada “Salvemos el Paraje Cañada de Castejón”, servirá para explicar la acción judicial, las afecciones que la asociación atribuye al proyecto y el funcionamiento de la plataforma de micromecenazgo. La entidad pretende mantener abierto el procedimiento hasta sus últimas consecuencias.

Limonero Solar, promovida por Limonero Solar SL, tiene una potencia instalada prevista de 124,99 MW e incluye una subestación y varias infraestructuras de evacuación. La autorización administrativa previa se concedió en enero de 2023 y el 10 de julio de 2024 se otorgaron la autorización de construcción y la declaración de utilidad pública.

Según la asociación, la planta se ubicaría a unos 2,5 kilómetros del núcleo urbano de Requena, en el entorno de la Cañada de Castejón. Utiel-Requena Sostenible sostiene que afectaría a un espacio agrícola y agroforestal vinculado a la actividad vitivinícola, con parcelas de viñedos de regadío y secano, olivares y otros terrenos agrícolas.

La entidad también argumenta que existen afecciones al dominio público pecuario, la flora y el paisaje, además de cuestionar el impacto sobre la hidrología de la zona y el Regajo de Reinas, que sufrió importantes efectos durante la dana de 2024. En la tramitación, el Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje de la Generalitat llegó a señalar que el proyecto “no resulta compatible a los efectos de la integración territorial y paisajística”, aunque el procedimiento continuó con condicionantes y medidas de integración.

El Tribunal de Instancia de València ya ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo contra las autorizaciones. La asociación afirma que su demanda busca frenar el proyecto, que cifra en 250 hectáreas, mientras que la declaración de impacto ambiental recoge una ocupación de 212,52 hectáreas.

Información elaborada a partir de Levante-EMV.