Aguirre se desliga de la adjudicación de las obras de un campo de golf en el Canal de Isabel II
Esperanza Aguirre declara como testigo en el 'caso Lezo' y se desliga de la adjudicación de contratos del Canal de Isabel II para una cancha de golf.
La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre declaró este jueves como testigo en el juicio de la Audiencia Nacional por el 'caso Lezo' y aseguró que no participó en la adjudicación de dos contratos públicos del Canal de Isabel II vinculados a una cancha de prácticas de golf en el ente público. La comparecencia tuvo lugar en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, Madrid.
Según las acusaciones, estos contratos podrían haber beneficiado a familiares de Ignacio González, sucesor de Aguirre en el cargo y que fue su vicepresidente en el Gobierno regional. González está acusado en este juicio, junto al exdirector gerente del Canal de Isabel II entre 2003 y 2009, Ildefonso de Miguel, y los socios de la empresa TCT, José Antonio Clemente, Pablo Manuel González y Juan José Caballero, estos dos últimos hermano y cuñado del expresidente.
Aguirre explicó que la idea de construir una cancha de prácticas de golf en las inmediaciones del Canal fue suya, inspirada en un viaje a Tokio, pero precisó que no intervino en la adjudicación de las obras, ya que la gestión correspondía al consejo de administración del ente. Añadió que González y De Miguel nunca le informaron de los detalles de dichas obras.
La exdirigente del PP defendió que el proyecto, ubicado en el distrito madrileño de Chamberí, era preferible a un helipuerto y que incluía campos de fútbol 7, campos de béisbol, una pista de atletismo, un parque infantil y pistas de pádel. Asimismo, afirmó que confiaba en González, aunque reconoció que han pasado veinte años y que no recuerda muchos detalles.
Recordó también que dimitió como portavoz y concejala en el Ayuntamiento de Madrid cuando González ingresó en prisión provisional en 2017, por responsabilidad política, manteniendo la presunción de inocencia de su antiguo colaborador.
En la primera sesión del juicio, los acusados negaron los hechos. La Fiscalía Anticorrupción solicita para todos ellos seis años de prisión como presuntos autores de delitos de cohecho, así como una multa de 550.000 euros. Según el escrito del Ministerio Público, la dirección del Canal habría impulsado en 2004 un modificado de un concurso de 2002 para beneficiar a familiares de González, adjudicando directamente el contrato a Dragados con la condición de subcontratar a TCT.