Canarias necesita una política propia para la IA en sus administraciones, según un análisis

Un artículo de opinión publicado en El Día sostiene que la inteligencia artificial ya es útil para hacer más eficaz y eficiente la gestión pública, y reclama que Canarias diseñe una política específica para su uso en las administraciones y los servicios públicos. El texto cita al concejal de Innovación de Arona, Luis Sierra, quien afirma que el municipio apuesta por la IA como herramienta de apoyo a los funcionarios y no para sustituirlos, aunque el autor advierte de que esa elección no siempre estará en manos de las administraciones.

Según el artículo, algunos especialistas calculan, con una base empírica todavía débil, que en una década podrían desaparecer entre el 10% y el 15% de los funcionarios y empleados públicos. En el caso de Santa Cruz de Tenerife, el texto apunta que la cifra sería ligeramente superior a la del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que estima entre 150 y 200 plazas amortizadas hacia 2036 por tareas asumidas por la IA.

El autor recomienda la lectura del estudio «El impacto de la IA en el sector público español», elaborado por el Esade-Center for Economic Policy y dirigido por Jorge Galindo. Según este informe, dos tercios de los empleados públicos tienen un potencial medio de uso de la IA, un 9% un potencial alto y un 24% un potencial bajo. El estudio estima además una productividad del 9% en las administraciones del Estado en una década, lo que equivaldría a unos 7.000 millones de euros anuales de valor bruto adicional.

Trasladado a Canarias, el artículo calcula que alcanzar ese 9% podría suponer unos 500 millones de euros en una década, y propone destinar ese ahorro a impulsar la IA sobre todo en sanidad y educación. Para ello, el informe de Esade propone tres vías: concursos de innovación, redes compartidas de buenas prácticas y laboratorios con universidades públicas y privadas.

El texto menciona ejemplos de otras comunidades, como el proyecto Hipatia de la Junta de Andalucía para predecir necesidades en las aulas, o los programas de tráfico y alumbrado del Ayuntamiento de Barcelona. Además, critica que Canarias avance demasiado despacio y pide que una política de IA quede integrada en la nueva ley de la administración autonómica, cuya tramitación en el Parlamento de Canarias corre el riesgo de no concluir en la legislatura actual.

Información elaborada a partir de El Día.