Cómo librarse de una mesa electoral en Canarias y qué multa conlleva no acudir

Formar parte de una mesa electoral es una obligación ciudadana que genera muchas dudas en cada convocatoria. En Canarias, como en el resto de España, las personas designadas por sorteo como presidentes, vocales o suplentes deben acudir al colegio y cumplir sus funciones, aunque la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) prevé causas que permiten solicitar la exención. Así lo recoge la información publicada por El Día.

Entre las causas personales figuran tener entre 65 y 70 años, contar con una discapacidad reconocida, percibir una pensión de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez, o encontrarse en situación de incapacidad temporal acreditada con la baja médica correspondiente. Las juntas electorales pueden valorar además enfermedades o lesiones que dificulten el desempeño, una intervención quirúrgica inaplazable o el cambio de residencia a otra comunidad autónoma, siempre que se justifique la dificultad para acudir.

Las responsabilidades familiares también pueden alegarse. Es el caso del cuidado de un bebé de hasta nueve meses durante la lactancia, la atención directa y continua de menores de ocho años o de personas con discapacidad, o el cuidado de familiares hasta segundo grado que no puedan valerse por sí mismos. Por motivos profesionales pueden quedar exentos, por ejemplo, los servicios sanitarios, de protección civil o de bomberos, cuando sea especialmente difícil encontrar sustituto, así como determinados trabajadores de la Administración de Justicia y responsables informativos de medios de comunicación. La lista no es cerrada y alegar un motivo no supone una exención automática, pues debe acreditarse documentalmente.

Los designados en Canarias disponen de siete días desde la notificación para presentar alegaciones ante la Junta Electoral de Zona del municipio en el que estén censados, que dispondrá de cinco días para resolver. El trámite puede hacerse a través de la plataforma mesaselectorales.es o por los canales de la Junta. Si el impedimento surge después, hay que comunicarlo al menos 72 horas antes de la jornada, o de forma inmediata y, en todo caso, antes de las 8.00 horas del día de la votación si aparece más tarde.

No acudir sin causa justificada puede tener consecuencias penales. Según el artículo 143 de la LOREG, quienes no desempeñen sus funciones, abandonen la mesa sin motivo legítimo o incumplan las obligaciones de excusa y aviso previo pueden enfrentarse a penas de prisión de tres meses a un año o a multas de seis a 24 meses. La cuantía se calcula mediante el sistema de días-multa del Código Penal, con una cuota diaria de entre 2 y 400 euros según la capacidad económica del condenado, por lo que la cantidad final dependerá de la resolución judicial. Los suplentes también deben presentarse a las 8.00 horas para la constitución de las mesas y quedarán liberados si todos los titulares acuden y no es necesario sustituir a nadie.

Información elaborada a partir de El Día.