El caso Quórum 77 expone mensajes de trabajadores que amenazaban a menores migrantes con traslados a centros
Mensajes del sumario del caso Quórum 77 revelan que trabajadores usaban el traslado a centros como castigo para menores migrantes en Canarias.
El sumario del caso Quórum, que investiga el magistrado Tomás Martín, recoge conversaciones entre trabajadores de Quórum Social 77 que, según la documentación, reflejan el miedo que algunos centros de menores migrantes en Canarias provocaban entre los jóvenes acogidos. Los mensajes apuntan a que el traslado a las instalaciones donde se producían presuntos episodios violentos y malos tratos era un castigo habitual para los chicos considerados "más conflictivos".
En un grupo de WhatsApp titulado "Incidencias graves Gran Canaria", la presidenta de la ONG, Delia García, investigada en la causa, mantuvo en agosto de 2024 conversaciones sobre la posibilidad de trasladar a grupos de jóvenes a los centros "chungos". Según el sumario, uno de los trabajadores preguntó si algunos menores podrían ir a pasar el día a La Fortaleza I, en Bandama, "no como castigo" sino para que vieran la diferencia con lo que tenían, a lo que García respondió de forma afirmativa.
Uno de los mensajes más llamativos compara la situación en Salinetas con el complejo nazi de Auschwitz. El texto de la conversación indica que Rafael Cazorla, detenido en mayo de 2025 tras el registro de la Policía Canaria en el centro de Bandama, escribió "Salinetas es Auswitch jajajajaj" (sic), y otro interlocutor añadió que, si volvían a producirse incidentes, los menores irían "para abajo" a ese centro.
Las conversaciones recogidas en el sumario incluyen también referencias a las zonas de "tiempo fuera", habitaciones o baños sin cámaras de vigilancia que, según la investigación, funcionaban como celdas de castigo donde los menores sufrían encierros prolongados, aislamiento y presuntas agresiones físicas. En un mensaje de 2022, Aroa Quintana, también detenida tras el registro de La Fortaleza I, pidió dejar de usar la palabra "baños" para referirse a esas estancias.
Todos estos datos proceden de la documentación del procedimiento judicial y los hechos están pendientes de determinación por el juzgado. Aunque la causa se sigue en el ámbito provincial de Gran Canaria, su relevancia para Santa Cruz de Tenerife, como capital de la provincia, radica en el seguimiento de la gestión de los recursos de acogida de menores migrantes en las islas.
Información elaborada a partir de El Día.