La Audiencia absuelve al exalcalde de Granadilla y a seis ediles por el plan parcial de Médano Park

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha absuelto a los siete acusados en la pieza separada del caso Granadilla, la relativa a la aprobación del plan parcial de Médano Park. La sentencia, dictada el 3 de noviembre y notificada este jueves, absuelve al entonces alcalde de Granadilla de Abona, Francisco Jaime González Cejas, y a seis ediles de su equipo de gobierno: Jorge Fidel Rodríguez Gaspar, José Antonio González Cejas, Ana Esther Flores Ventura, Nicolás Jesús Jorge Hernández, Rufino Acosta Álvarez y Ana María Casimiro Pérez.

La Sala concluye que «no se ha podido probar que las decisiones municipales sobre el plan parcial y su convenio de gestión fueran adoptadas a sabiendas de su ilegalidad o con voluntad de favorecer arbitrariamente a la empresa promotora». La Fiscalía era la única acusación que quedó en pie, después de que la formación Sí Se Puede, que presentó la denuncia en 2007, se retirara del procedimiento diez días antes del inicio de la vista oral, a comienzos de octubre. Las defensas pidieron la libre absolución y reprocharon a la acusación particular una «acusación temeraria».

El proyecto afectaba a un sector de 86.128 metros cuadrados en El Médano. La Fiscalía sostenía que el alcalde tenía interés personal en el expediente por haber sido abogado de la promotora Médano Beach Sur y mantener una participación minoritaria en la sociedad, y cuestionaba que el Ayuntamiento sustituyera la cesión de suelo por una compensación económica de 927.404,95 euros. Pedía entre dos y cuatro años de inhabilitación para los acusados.

La sentencia considera que la vinculación del alcalde con la promotora podía justificar su abstención, pero que incumplir ese deber no constituye automáticamente prevaricación, y que los ediles votaron con informes técnicos y jurídicos favorables, sin pruebas de que conocieran una ilegalidad. Además, señala que los reparos formulados por varios organismos fueron subsanados durante la tramitación. Para la capital tinerfeña, la resolución supone un cierre judicial de un caso que se ha prolongado durante casi dos décadas y que afecta a la gestión urbanística de la isla.

Información elaborada a partir de El Día.