La Justicia absuelve a tres exresponsables de Santa Cruz por el caso Montaña de Taco
La Justicia absuelve a tres exresponsables de Santa Cruz investigados por las licencias de la cantera Piconera de Taco.
La Plaza número nueve del Tribunal de Instancia de Santa Cruz de Tenerife ha absuelto al exconcejal de Coalición Canaria Norberto Plasencia, al exsecretario de la Gerencia de Urbanismo Juan Víctor Reyes y a la entonces asesora jurídica Ana Toval, investigados por un presunto delito de prevaricación urbanística relacionado con varias licencias en la cantera Piconera de Taco.
La sentencia, fechada el lunes 19 de octubre, concluye que no se probó que las autorizaciones fueran manifiestamente contrarias a la normativa ni que los acusados actuaran a sabiendas de su injusticia. El procedimiento se inició hace dieciséis años tras una denuncia de una plataforma vecinal y el juicio tuvo que suspenderse en varias ocasiones antes de celebrarse a comienzos de julio.
La Fiscalía y la acusación popular, formada por asociaciones vecinales de San Jerónimo de Taco, San Luis Gonzaga y La Montaña, sostenían que se habían vulnerado las normas urbanísticas al autorizar una planta de trituración y clasificación de áridos en 2001, conceder la licencia de apertura en 2002 y tramitar posteriormente cambios de titularidad y nuevas instalaciones.
La jueza considera que no se acreditó que las instalaciones estuvieran dentro del parque urbano de Las Moraditas, donde el uso industrial estaba prohibido, sino en una zona de suelo urbano no consolidado cuyo uso característico era industrial. También diferencia el tratamiento de áridos autorizado de la extracción minera y señala que la planta era desmontable y no impedía el desarrollo futuro del planeamiento.
La resolución reconoce algunas irregularidades, como la falta de un aval o garantía y de inscripción de la licencia en el Registro de la Propiedad, pero concluye que no son suficientes para considerar las autorizaciones penalmente arbitrarias. En 2012, el Ayuntamiento revocó una autorización porque las instalaciones no se ajustaban al proyecto presentado y después concedió otra autorización provisional.
La Fiscalía solicitaba tres años de prisión y otros tres de inhabilitación para cada acusado, además de la nulidad de las licencias. Las defensas pidieron la absolución. Las costas se declaran de oficio y el fallo puede recurrirse ante la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.
Información elaborada a partir de El Día.