Cinco jueces del TC rechazan amnistiar la malversación del procés
Cinco magistrados del TC cuestionan la amnistía de la malversación del procés y denuncian una interferencia en las funciones del Supremo.
Los magistrados Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel, César Tolosa y José María Macías han emitido un voto particular contra la decisión del Pleno del Tribunal Constitucional de amnistiar el delito de malversación atribuido a los líderes del procés. La resolución abre la puerta al regreso del expresidente catalán Carles Puigdemont.
Los cinco jueces sostienen que el Constitucional ha suplantado al Tribunal Supremo al valorar la aplicación de la amnistía y denuncian una deriva que, a su juicio, distorsiona el papel del tribunal dentro del sistema de Justicia. Consideran que la sentencia mayoritaria corrige al Supremo en la interpretación de la legalidad ordinaria y cuestiona sus resoluciones con calificativos que califican de “inaceptables”.
En su voto particular, los magistrados resumen su discrepancia en el exceso de la jurisdicción constitucional, la asunción de un papel indebido como intérprete de la legalidad ordinaria y la desmesura de las críticas dirigidas a la motivación del Tribunal Supremo.
Sobre la malversación, recuerdan que el Supremo excluyó de la amnistía los casos que, por su contexto y proyección, comprometieran estructuralmente los intereses financieros europeos, en relación con los gastos del referéndum del 1 de octubre y su promoción exterior. Los jueces señalan que esa interpretación se produjo antes de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que concluyó que no se comprometieron fondos comunitarios.
Los magistrados cuestionan que el Constitucional utilice esa resolución europea como criterio para controlar la constitucionalidad de las decisiones recurridas. También advierten de que ordenar al Supremo aplicar de forma inmediata la amnistía puede obstaculizar que plantee nuevas cuestiones prejudiciales ante el TJUE sobre la compatibilidad de la norma con la legislación europea contra la corrupción o sobre la existencia de fondos europeos en los hechos analizados.
La decisión tiene alcance estatal y afecta al debate jurídico y político sobre la amnistía, un asunto seguido también desde Sevilla como capital andaluza por sus consecuencias para la interpretación de la Constitución, el Tribunal Supremo y las relaciones con las instituciones europeas.
Información elaborada a partir de Diario de Sevilla.