Diez días para pactar y evitar el juicio por la listeriosis de Magrudis

Las partes personadas en el macrojuicio por el brote de listeriosis de 2019 en Sevilla disponen de diez días para intentar alcanzar un acuerdo que evite la celebración de la vista oral. El juicio, previsto inicialmente para este viernes, se ha aplazado hasta el 26 de octubre y, de celebrarse, podría prolongarse hasta enero de 2027.

El brote, originado por carne mechada en mal estado comercializada bajo la marca La Mechá, provocó cuatro muertes, siete abortos y lesiones a 244 personas. Los principales acusados, miembros de la familia propietaria de Magrudis, se han mostrado predispuestos a pactar para reducir unas penas que actualmente superan los diez años de prisión. El tribunal de la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla ha invitado a las partes a acercar posturas.

El acuerdo también dependería de las aseguradoras y del Ayuntamiento de Sevilla, cuya responsabilidad civil subsidiaria reclaman varias acusaciones. El abogado Manuel Parrilla, que representa a la familia de los gemelos Pablo y Javier, reclama seis millones de euros por uno de ellos y dos millones por el otro, sin contar los intereses. Según denunció, la familia se siente abandonada por el Ayuntamiento y afronta los gastos médicos de los menores por su cuenta.

La Fiscalía de Sevilla solicita diez años de cárcel para los responsables de Magrudis: cuatro por un delito contra la salud pública y seis por homicidios imprudentes. También reclama penas y multas por lesiones al feto, lesiones imprudentes, falsedad documental y defraudación eléctrica, además de la disolución de Magrudis y Elaborados Cárnicos Mario.

El Ministerio Público pide que el Ayuntamiento de Sevilla sea declarado responsable civil subsidiario por una supuesta falta de control sanitario y de las autorizaciones relacionadas con la actividad de la empresa. La cantidad inicialmente estimada ronda los 800.000 euros, aunque la Junta de Andalucía calcula que el coste para las arcas públicas ascendió a 3.428.663,02 euros.

La Fiscalía solicita la absolución penal de la veterinaria municipal que participó en las dos inspecciones de Magrudis, aunque mantiene que el Ayuntamiento debe responder civilmente por la falta de control. La Junta, que ejerce la acusación particular, reclama también responsabilidades al Consistorio y plantea tres años de cárcel para los dueños de Magrudis y diez meses para la veterinaria.

Información elaborada a partir de Diario de Sevilla.