El caso de Mari Carmen aviva el debate sobre los alquileres y los desahucios
El caso de Mari Carmen, expulsada de su vivienda en Madrid, reabre el debate sobre alquileres, desahucios y responsabilidad política.
Mari Carmen, de 87 años, ha abandonado en camilla la vivienda en la que vivía desde niña después de que los tribunales declararan extinguido su derecho de alquiler. El contrato fue firmado por su padre en 1956 y, tras su fallecimiento, se produjo una primera subrogación en favor de su viuda y otra en 2005, cuando pasó a la hija.
La normativa socialista de 1994 limitaba esa segunda subrogación a dos años, salvo en casos de discapacidad igual o superior al 65 por ciento. A Mari Carmen se le reconoce un 50 por ciento. El texto sostiene que la decisión no fue adoptada por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ni por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, sino por los tribunales conforme a la legislación vigente.
La mujer rechazó plazas residenciales y optó por permanecer con sus familiares, aunque contaba con ayuda domiciliaria y terapia ocupacional. El artículo considera que esa elección debe respetarse, pero señala que una alternativa rechazada no equivale a una ayuda inexistente.
Mari Carmen también ha agradecido el apoyo del Sindicato de Inquilinas, Podemos y su abogada, y ha llamado a participar en una protesta en la Puerta del Sol. El caso se ha convertido en símbolo de las movilizaciones, con una concentración de diez mil personas ante el llamado “ático de Ayuso”, cortes de calles, forcejeos, cargas y protestas en varias ciudades.
El texto critica asimismo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, señalara desde Nueva York a Ayuso y Almeida por el caso, pese a que el Ejecutivo aprobó una Ley de Vivienda en 2023 sin modificar esta norma. La tribuna reclama ayuda para Mari Carmen, pero también que el debate sobre posibles alquileres hereditarios se traslade al Congreso y se concrete quién asumiría su coste.
La cuestión, aunque centrada en Madrid, puede interesar en Sevilla y Andalucía por el debate general sobre vivienda, alquileres, protección de las personas mayores y cumplimiento de las resoluciones judiciales.
Información elaborada a partir de Diario de Sevilla.