El caso de Maricarmen reabre el debate sobre los llamados fondos buitre
El desahucio de Maricarmen Abascal reabre el debate sobre los fondos buitre y la protección de los inquilinos con contratos antiguos.
El desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que vivía en su vivienda desde 1956, ha vuelto a poner el foco sobre los llamados fondos buitre. Tras cuatro intentos de desalojo y una larga batalla judicial, fue expulsada del inmueble este miércoles.
La vivienda pertenece a Urbagestión Desarrollo e Inversión SL, una empresa a la que el Gobierno ha calificado como fondo buitre, aunque la compañía rechaza esa denominación. El conflicto comenzó hace seis años, cuando los empresarios Ricardo y Fernando Alonso compraron el inmueble por unos 240.000 euros.
En términos generales, los fondos buitre son firmas de inversión que adquieren deuda o activos en dificultades a precios reducidos para obtener rentabilidad cuando recuperan parte o todo su valor. Pueden venderlos, reestructurarlos o recurrir a los tribunales. No deben confundirse con los fondos de inversión inmobiliarios, que invierten principalmente en inmuebles para alquilarlos o venderlos.
El origen del caso está en un contrato de renta antigua firmado por los padres de Maricarmen en 1956. Tras su fallecimiento, el contrato pasó a ella, pero solo permitía una segunda subrogación de dos años salvo que existiera una discapacidad superior al 65%. Maricarmen tiene reconocida una del 50%.
El Tribunal Supremo dio finalmente la razón a Urbagestión. Después, la empresa le ofreció un nuevo contrato de 1.650 euros mensuales, frente a los 440 euros que pagaba hasta entonces. Su defensa consideró la cantidad inasumible para sus ingresos, lo que acabó abriendo la vía al desahucio.
Urbagestión Desarrollo e Inversión es una sociedad limitada constituida en Madrid en 2005, que opera también bajo el nombre comercial de Urbagesa. Tiene su sede en la calle Zurbano, dos sucursales en Valladolid y siete empleados. El caso ha provocado movilizaciones y ha convertido el desahucio en un símbolo del debate sobre el acceso a la vivienda y la protección de los inquilinos, un asunto de interés para Sevilla y el conjunto de Andalucía.
Información elaborada a partir de Diario de Sevilla.