El juez Vilaplana imputa a Antonio Ávila y a otras 17 personas por las ayudas a Santana Motor

El juez de refuerzo del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, ha imputado al ex consejero de Empleo Antonio Ávila y a otras 17 personas en la causa sobre las ayudas del Plan Linares Futuro a la empresa Santana Motor. Según un auto fechado el 16 de octubre, el magistrado ha citado a declarar a 18 investigados y a nueve testigos entre el 23 de noviembre y el 1 de diciembre, a petición de la Fiscalía Anticorrupción. La investigación se centra en presuntos delitos de prevaricación administrativa, falsedad documental y malversación por el traspaso de fondos públicos desde la agencia IDEA al Grupo Santana Motor.

Es la segunda imputación contra Antonio Ávila en la última semana, ya que el mismo magistrado lo ha citado también como investigado en la macrocausa de los cursos de formación. En el auto de esta pieza, el juez sostiene que los pagos a ex trabajadores de la empresa se habrían realizado sin marco normativo ni procedimiento legal, mediante un uso indebido de transferencias de financiación. Entre los investigados figuran también el ex director de la agencia IDEA Antonio Valverde, que comparecerá el 24 de noviembre, el mismo día que Ávila; el ex viceconsejero Justo Mañas; el que fuera jefe del gabinete jurídico de la Junta de Andalucía Francisco del Río, y Juan María González Mejías, sobrino del ex presidente del Gobierno Felipe González.

El Plan Linares Futuro se aprobó con el acta de acuerdo marco del 14 de febrero de 2011, firmada por las consejerías andaluzas de Economía, Innovación y Ciencia y de Empleo, y por los sindicatos UGT y CCOO. Preveía prejubilaciones con fondos públicos para ex trabajadores del Grupo Santana Motor y de su parque de proveedores nacidos antes del 15 de febrero de 1961. Según el auto, el consejo rector de IDEA aprobó en junio de 2011 aportar hasta 15.716.779 euros a Santana Motor y Fasur a través de Incubadoras de Emprendedores de Andalucía (Incuba), con cargo al programa presupuestario 72C. Tras sucesivas ampliaciones de capital y acuerdos, los de enero y febrero de 2012 terminaron revocados en marzo de ese año por insuficiencia presupuestaria.

El interventor Francisco Nieto Salvatierra, citado como testigo para el 23 de noviembre, elaboró en febrero de 2012 varias versiones de un escrito; en una de ellas calificaba de "arriesgado" ampliar capital en una sociedad en liquidación. El informe definitivo de control financiero de 26 de abril de 2017 señala que los anticipos se concedieron antes de que los trabajadores fueran beneficiarios de las ayudas y que las transferencias de financiación de capital no eran el cauce previsto para estos fines. Según la Intervención, 750 trabajadores recibieron anticipos de Santana Motor, con 919.032,35 euros pendientes de reintegro.

La Intervención también cifra en 1.857.232,70 euros las cantidades sin recuperar, entre ellas un préstamo de 1.497.343,36 euros a la Asociación Promoción Social 28 de Febrero, que la asociación defiende en un proceso civil como una operación real y no como una ficción, versión que el auto considera indiciaria. El juez enmarca además los hechos en una financiación continuada, citando préstamos y transferencias de IDEA que superan los cien millones de euros entre 2008 y 2011. Para Sevilla, la causa afecta directamente a una empresa y a cientos de trabajadores de su área industrial y de sus proveedores, además de a la gestión de fondos públicos de la Junta desde la capital andaluza.

Información elaborada a partir de Diario de Sevilla.