El juicio por la listeriosis de Magrudis se aplaza al 23 de noviembre mientras se negocia un acuerdo

La Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, presidida por Mercedes Alaya, ha vuelto a aplazar el macrojuicio por el brote de listeriosis de 2019 causado por carne mechada de la empresa Magrudis contaminada con esta bacteria. La vista, que estaba prevista para el 3 de noviembre, comenzará ahora el 23 de noviembre. El tribunal había invitado a las partes a alcanzar un acuerdo de conformidad y ya había retrasado el inicio del juicio en dos ocasiones para facilitar la negociación.

El nuevo aplazamiento se debe a que todavía faltan informes del Instituto de Medicina Legal sobre las lesiones de los afectados. Además, la negociación no ha registrado avances. Los abogados de los perjudicados reprochan al Ayuntamiento de Sevilla que no complete el dinero necesario para las indemnizaciones. El consistorio responde que, como responsable civil subsidiario, necesitaría una condena efectiva de la funcionaria municipal acusada penalmente en el caso.

Los letrados Manuel Parrilla y Germán Grima sostienen que no es necesaria una condena penal para llegar a un acuerdo y calculan que las indemnizaciones reclamadas superan los diez millones de euros. El caso incluye más de 240 lesionados, las familias de cuatro víctimas mortales y siete mujeres cuyos embarazos acabaron en aborto tras consumir productos de Magrudis contaminados.

Uno de los casos más graves es el de una mujer que estaba embarazada en el momento de los hechos. Tras contraer una grave infección, sus dos hijos, que ahora tienen poco más de siete años, presentan múltiples problemas neurológicos y orgánicos, con discapacidades reconocidas del 75 y del 40 por ciento. Según la información, la peticiones de indemnización por estos dos menores superan a las del resto de afectados en conjunto.

Las coberturas no alcanzan el total reclamado. La póliza de Magrudis tiene un límite de 300.000 euros y las aseguradoras del Ayuntamiento también tienen topes. Una de ellas consignó 1,2 millones de euros meses atrás. Los abogados piden al Ayuntamiento que complete las indemnizaciones con fondos propios, unos cinco millones de euros. El consistorio rechaza un pacto extrajudicial que implique reconocer culpabilidades que, a su juicio, no le corresponden, ya que la veterinaria municipal acusada no ha sido declarada responsable y niega cualquier culpabilidad.

Los abogados de las víctimas defienden que la responsabilidad de la Administración es objetiva y directa, y que basta un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado, sin necesidad de identificar a un culpable. Citan el artículo 36.1 de la Ley 40/2015 y recuerdan que el control sanitario de Magrudis era competencia municipal. Advierten además de que, con los previsibles recursos, un juicio podría tardar años en alcanzar sentencia firme, por lo que un acuerdo permitiría indemnizar cuanto antes a las víctimas. Por ello afirman tener «la mano tendida» al Ayuntamiento.

Información elaborada a partir de ABC Sevilla.