La Junta aprueba un plan de inspección de VPO con el que vigilará también Sevilla

La Junta de Andalucía ha aprobado un nuevo Plan de Inspección de Vivienda Protegida para el periodo 2026-2028, con el objetivo de detectar pisos vacíos, alquileres ilegales, ventas por encima del precio máximo permitido e inmuebles destinados a alojamientos turísticos. El Gobierno andaluz quiere así reforzar la lucha contra el fraude en las VPO, también en Sevilla, y asegurar que estas viviendas cumplan la función social para la que fueron construidas. El plan se centra en un parque de 216.482 viviendas protegidas calificadas definitivamente en toda Andalucía entre 1996 y 2025.

Para seleccionar las promociones o zonas que deberán inspeccionarse, la Junta utilizará "criterios territoriales, sectoriales y cuantitativos", y las actuaciones se realizarán según un orden de prioridades. La Ley de Vivienda de Andalucía de 2025 le da además nuevas herramientas, como el acceso a información sobre el consumo de agua y electricidad. El artículo 105.2 de la Ley 5/2025, de 16 de diciembre, obliga a las compañías suministradoras a facilitar a la Administración, en un plazo de quince días hábiles desde el requerimiento, datos sobre contratos, cambios de titularidad, altas y bajas, y lecturas reales o estimadas de los contadores.

El análisis de estos registros permite comprobar si el consumo es compatible con la ocupación habitual de una vivienda. La normativa, en su artículo 116.2, contempla también otros indicios, como los datos del padrón municipal, las declaraciones de los propietarios y los testimonios vecinales. En Sevilla, el cruce de fuentes podría facilitar la investigación en promociones como las de Sevilla Este o Pino Montano, cruzando, si fuera necesario, los registros de consumo de agua de Emasesa con indicios de ocupación o alquiler. Un consumo nulo, mínimo o intermitente podría servir de punto de partida, aunque el propio texto aclara que estos registros no constituyen por sí mismos una infracción y que cada caso deberá investigarse.

En cuanto a las sanciones, el artículo 117 de la Ley 5/2025 fija multas de hasta 3.000 euros para las infracciones leves, de 3.001 a 25.000 euros para las graves y de 25.001 a 120.000 euros para las muy graves. Entre las conductas sancionables están no destinar la vivienda a domicilio habitual y permanente o ceder el inmueble a personas que no cumplan los requisitos. Exigir cantidades no permitidas por el alquiler o la venta se considera infracción grave, y superar en más de un 20% la renta máxima o en más de un 40% el precio máximo de compraventa puede ser muy grave. El alquiler de una VPO para uso turístico se considera especialmente grave a efectos de graduar la sanción, y la ley permite sancionar por separado cada vivienda afectada.

El plan toma como referencia el anterior, correspondiente a 2024, que inicialmente contemplaba 60 actuaciones pero finalmente analizó 125 situaciones: 82 relacionadas con usos turísticos, 28 con posibles sobreprecios en alquileres y cinco con arrendamientos a personas jurídicas. Esas investigaciones dieron lugar a 125 expedientes de actuaciones previas, de los que 69 derivaron en la apertura de expedientes sancionadores.

Información elaborada a partir de Diario de Sevilla.