La oferta de alquiler cae un 22,6% en Sevilla desde 2023
Sevilla pierde el 22,6% de su oferta de alquiler desde 2023 y el precio medio sube hasta casi 1.000 euros por la mayor demanda.
La provincia de Sevilla ha perdido el 22,6% de las viviendas disponibles para alquiler desde 2023, coincidiendo con los tres años de vigencia de la Ley de Vivienda. Según los datos del Observatorio del Alquiler, impulsado por la Fundación Alquiler Seguro, se ha pasado de 27.216 pisos en alquiler a 21.067 al cierre del segundo trimestre de este año.
La retirada de 6.149 viviendas se ha producido mientras aumentaba la demanda, lo que ha contribuido a elevar los precios. El alquiler medio en Sevilla ha pasado de 824 euros en 2023 a casi 1.000 euros, un incremento de hasta el 20%, según el mismo observatorio.
La presión sobre el mercado también se refleja en la competencia entre quienes buscan vivienda. En la provincia hay 90 inquilinos interesados por cada piso durante un periodo de diez días, una de las cifras más altas de España. Sevilla figura así en el nivel de presión «muy alta» del estudio, por encima de Málaga y por debajo de Baleares y Madrid.
El informe atribuye la pérdida de oferta a la incertidumbre de los propietarios ante los cambios legislativos, especialmente al endurecimiento de las condiciones y los plazos de los desahucios cuando el inquilino se encuentra en situación vulnerable. La inseguridad se ha visto reforzada esta semana por la tramitación y posterior rechazo en el Congreso de dos decretos vinculados al desahucio de Maricarmen Abascal en Madrid.
La presión se extiende a la periferia. San Juan de Aznalfarache ha encarecido sus alquileres casi un 12% en el último año, mientras que Dos Hermanas, Montequinto y Bormujos lo han hecho un 7%. En Camas, Mairena del Aljarafe y San Juan de Aznalfarache, el alquiler de una vivienda ronda ya los 900 euros, frente a unos 1.000 euros de media en la capital para un piso de 80 metros cuadrados.
Las inmobiliarias están tratando de recuperar la confianza de los caseros mediante la gestión integral de los contratos, un mayor análisis de la solvencia y garantías de cobro. Sin embargo, el sector considera que estas medidas no bastan para frenar la retirada de viviendas si persiste la incertidumbre jurídica.
Información elaborada a partir de ABC Sevilla.