Los afectados por la listeriosis piden al Ayuntamiento de Sevilla un acuerdo
Los afectados por la listeriosis de 2019 piden al Ayuntamiento de Sevilla un acuerdo para cubrir indemnizaciones y evitar el macrojuicio.
Los abogados de los afectados por el brote de listeriosis de 2019 han vuelto a ofrecer un acuerdo al Ayuntamiento de Sevilla para evitar el macrojuicio, que está previsto que comience el próximo lunes 3 de noviembre si no se alcanza un pacto. La vista contempla 43 sesiones y podría prolongarse durante años por los recursos judiciales.
Los letrados Manuel Parrilla y Germán Grima sostienen que el acuerdo no requiere una condena penal para la funcionaria municipal acusada. En la causa figuran más de 240 personas lesionadas, las familias de cuatro víctimas mortales y siete mujeres cuyos embarazos terminaron en aborto tras consumir productos contaminados de Magrudis. Las indemnizaciones reclamadas superan los diez millones de euros.
Los abogados reclaman al Ayuntamiento, considerado responsable civil subsidiario por la actuación de una veterinaria municipal, que aporte fondos propios para completar las indemnizaciones. Calculan que serían necesarios unos cinco millones de euros, ya que las pólizas de Magrudis y de las aseguradoras municipales tienen límites inferiores al total reclamado. Una de las compañías del Consistorio consignó 1,2 millones de euros para afrontar posibles responsabilidades civiles.
Entre los casos citados se encuentra el de una mujer embarazada cuando contrajo la infección. Sus dos hijos, que tienen ahora algo más de siete años, sufren problemas neurológicos y orgánicos, con discapacidades del 75% y el 40%. Uno de ellos no puede expresarse y necesita silla de ruedas, por lo que la madre dejó su trabajo como delineante para atenderlos.
El Ayuntamiento advierte de que no puede aceptar un pacto extrajudicial que implique reconocer culpabilidades que no le corresponden. Los abogados de los perjudicados argumentan, sin embargo, que la responsabilidad patrimonial de la Administración puede reclamarse directamente al Consistorio y que no exige identificar a un culpable ni esperar a una condena penal.
Los letrados mantienen que el control sanitario de Magrudis era competencia municipal y que la Audiencia ha constatado fallos en el servicio de Inspección. Por ello, defienden que un acuerdo permitiría indemnizar antes a las víctimas por los daños físicos y psíquicos sufridos y evitar un procedimiento cuya resolución firme podría tardar años.
Información elaborada a partir de ABC Sevilla.